La candidata presidencial por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha prometido una ambiciosa inversión en infraestructura vial en todo el Ecuador.
Esta iniciativa, detallada en una entrevista radial de este jueves, promete reactivar la economía y generar miles de empleos, pero también plantea retos en cuanto a financiación y viabilidad.
La magnitud del proyecto, que abarca la reparación de cerca de 5.000 kilómetros de vías dañadas, representa un desafío considerable para la gestión pública.
Un plan vial de emergencia para Azuay
En una entrevista concedida a Radio Visión 106.1 FM, González hizo notar su intención de declarar una emergencia vial nacional para atender la crítica situación de las carreteras ecuatorianas.
Señaló específicamente la necesidad de recuperar el tramo vial Cuenca-Girón-Pasaje, realizar estudios para la Cuenca-Guayaquil, y, particularmente, la ampliación a cuatro carriles de la vía Cuenca-Cumbe, un proyecto estimado en 200 millones de dólares.
«Azuay es una zona altamente productiva, que nos provee de electricidad, y requiere atención urgente en infraestructura vial», afirmó la candidata de la Revolución Ciudadana.
Esta inversión, según González, no solo solucionará problemas de conectividad, sino que impulsará la economía local a través de la generación de empleo en construcción y sectores relacionados.
González usará recursos internacionales y nacionales
La financiación de este ambicioso plan se basa en una estrategia multifacética.
González mencionó el acceso a fondos del Banco Mundial para estudios previos (cuatro millones de dólares para la vía Girón-Pasaje), la utilización de subejecuciones presupuestarias del Estado, y el incremento de la recaudación tributaria, la mejora de la producción petrolera y el cobro de deudas pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Además, se contempla el uso de alianzas público-privadas para proyectos de gran envergadura, como la posible concesión de la vía Catamayo-Loja.
«En muchos casos no tendremos la capacidad como Estado de hacer las obras que se requieren, y allí usaremos la ley de alianzas público-privadas», explicó.
Impacto económico y social: más allá del asfalto
González enfatizó el efecto multiplicador de la inversión en infraestructura vial.
La construcción de carreteras genera empleo directo, pero también impulsa sectores como el agropecuario (alimentación de trabajadores), el textil (uniformes y equipo), y el transporte.
«La construcción es lo que más hace que la economía se mueva rápidamente y que se genere más riqueza y distribución de la riqueza», aseguró.
La posibilidad de concesionar vías, particularmente las de alta circulación como la Catamayo-Loja, fue planteada como una opción viable para acelerar la modernización de la infraestructura vial.
González indicó que se estudiará caso por caso, considerando la viabilidad económica y la necesidad estratégica de cada ruta.
