La bancada legislativa del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del que además forma parte el actual presidente Daniel Noboa, ha emitido una circular para dejar claro que se opondrá a cualquier propuesta que se presente en la Asamblea Nacional para impulsar regulación y establecer parámetros de responsabilidad social en los medios.
Específicamente se refirió ADN en su comunicado difundido en redes sociales a una propuesta del asambleísta por el movimiento de la Revolución Ciudadana, Xavier Lasso, sobre la necesidad de impulsar en el Legislativo una nueva Ley de Comunicación.
ADN se ha referido a esta propuesta como la Ley Mordaza del correísmo, como parte de la narrativa contra la Revolución Ciudadana, su militancia y notablemente contra la candidatura del binomio presidencial compuesto por Luisa González y Diego Borja.
Pero esta salida al paso de ADN sobre “mordazas” pasa por alto las controversias derivadas de los actos de censura por parte del Gobierno de Daniel Noboa, que plantean dudas significativas sobre el futuro de la prensa independiente y el acceso a la información en el Ecuador.
Verdaderas acciones mordaza
Acá, en Confirmado.net, hablamos específicamente del primer semestre de 2024, que estuvo marcado por acciones directas contra la comunidad periodística y los defensores de la libertad de expresión, ataques que incluyeron el cierre de un programa de televisión y la cancelación de visa a una periodista cubana.
El 10 de junio de 2024, el programa de análisis político Los Irreverentes, transmitido por el medio RTU y conducido por Sol Borja, José Luis Cañizares y Fabricio Vela, fue sacado del aire.
Los moderadores del espacio denunciaron públicamente presiones directas del gobierno, señalando una intolerancia a las críticas tras un intercambio de opiniones en redes sociales entre la periodista Borja y la asesora presidencial Diana Jácome.
Este incidente, según los conductores de Los Irreverentes, evidenció la creciente restricción a la libertad de expresión y el debate público por parte del Gobierno de Noboa.
Unos días más tarde, el 25 de junio, el ministerio ecuatoriano para Relaciones Exteriores y Movilidad Humana revocó la visa de residencia de la periodista cubana Alondra Santiago, conductora de un podcast de análisis político y opinión llamado IngobernablesEc, transmitido a través de varias de sus cuentas en redes sociales.
La justificación del Gobierno de Daniel Noboa se basó en supuestos actos que atentaban contra la seguridad pública y la estructura del Estado.
El Ejecutivo no reveló los detalles y declaró como reservados los informes que “sustentan” la decisión, en lo que parece un instrumentalización de argumentos de “seguridad nacional” para silenciar voces críticas en los medios de comunicación.
Estrategia de Noboa: silenciar
Tras estos eventos, el Gobierno de Noboa intensificó la difusión en redes sociales de actividades oficiales del presidente y su familia, evitando, sin embargo, cualquier comentario sobre los casos de censura.
Las solicitudes de información de periodistas, incluso a través de canales de comunicación oficiales como WhatsApp, fueron ignoradas.
Esta estrategia de Noboa, combinando la restricción de voces disidentes con una intensa propaganda oficial, sugiere un intento deliberado de controlar el flujo informativo.
En julio pasado, Scott Griffen, director ejecutivo interino del Instituto Internacional de Prensa (IPI), alertó sobre la creciente presión gubernamental sobre los medios de comunicación en Ecuador.
Sus declaraciones, en el marco del diálogo “Ecuador: la libertad de prensa y seguridad de periodistas en riesgo”, confirman la preocupación internacional ante la situación.
«En los últimos meses, hemos observado ejemplos de presión gubernamental sobre los medios, como con cierres de programas«, expresó Griffen.
La impunidad con la que se han llevado a cabo estas acciones genera un clima de incertidumbre y temor entre los periodistas, amenazando el ejercicio pleno del derecho a la información y el debate público.
Por: Manuel F. Díaz
