Buenos Aires, El Gobierno argentino expulsó al 40 por ciento del personal de la Dirección del VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida) y al 30 por de la Dirección de Vacunas del Ministerio de Salud, denunciaron organizaciones argentinas que luchan contra la transmisión de infecciones de transmisión sexual.
«El Ministerio de Salud despidió al 40 por ciento de la planta de la Dirección de VIH y al 30 por ciento de la Dirección de Vacunas», alertó en las redes sociales la Fundación Huésped, una entidad sin fines de lucro.
La institución advirtió que esta situación «afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas áreas»: la Dirección de Respuesta al VIH, ITS (infecciones de transmisión sexual), Hepatitis virales y Tuberculosis, y la Dirección de Vacunas, que se encuentran bajo la órbita de la cartera de Salud que dirige Mario Lugones.
«Exigimos que se informe cómo se va a garantizar su funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas», advirtió Fundación Huésped.
El Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, en tanto, explicó que estas reparticiones no solo eran responsables de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos, sino que también planificaban y ejecutaban acciones de prevención, y realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, «lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención».
La organización señaló que estos despidos en la Dirección de VIH se suman a la desvinculación de otras 1.400 personas en el Ministerio de Salud, como parte de su «desguace».
«En un contexto donde los diagnósticos de VIH y Tuberculosis no dejan de aumentar y las Hepatitis virales continúan siendo prevalentes, el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal», calificó la entidad.
La ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, sancionada en 2022, garantiza la provisión de medicamentos e insumos a toda la población, y según esta asociación, «la pretendida delegación de este rol a las provincias atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender las necesidades de la comunidad».
«Las compras descentralizadas de medicamentos e insumos producirán un mayor déficit fiscal», alertó el Frente.
En Argentina unas 140.000 personas conviven con VIH, aunque se estima que un 13 por ciento desconoce su diagnóstico, y que el 68 por ciento, unas 65.000 personas, se atienden en el subsistema público, según cifras oficiales del Ministerio actualizadas a diciembre de 2023.
Con información de Agencia Sputnik