Un proyecto de ley minera que se debate en el Parlamento unicameral de Ecuador podría afectar el frágil ecosistema de las Islas Galápagos si se aprueba con una cláusula incorporada tras el primer debate, que abre la puerta a la explotación de material pétreo en ese enclave natural, advirtió la legisladora Verónica Íñiguez en entrevista con la Agencia Sputnik.
«Hay tres recursos directos que por lo menos se verían afectados por este tipo de actividad y que además demuestran una inconsistencia con los planes que se generan dentro del concepto de sostenibilidad para las islas», señaló la parlamentaria del movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC, izquierda).
Íñiguez, ambientalista y doctora en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), cuestionó la inclusión de una cláusula en el artículo 13 del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, que contempla la posibilidad de otorgar permisos para la pequeña minería, en particular para la extracción de áridos pétreos destinados a la construcción.
PÉRDIDA DE HÁBITAT, AGUA Y SUELO
La legisladora explicó que el primer impacto sería la pérdida de hábitat crítico en este paraje emblemático, de donde el científico británico Charles Darwin tomó elementos para su teoría sobre la evolución de las especies (1859).
«Al momento de operar una minería de materiales pétreos se produce una remoción de cobertura vegetal y de suelo para acceder a los yacimientos. Al momento de hacerlo se destruye directamente el entorno en donde habitan especies que son endémicas y nativas», alertó.
Precisó que las zonas áridas de Galápagos corresponden a ecosistemas de bosque seco que albergan numerosas especies, muchas de ellas poco visibles para el público, como pequeñas lagartijas y otras formas de fauna adaptadas a ese entorno.
El segundo recurso en riesgo según indicó, es el hídrico.
«La minería pétrea afecta la calidad del agua tanto superficial como subterránea, sea por la sedimentación que se produce a través de la extracción del material o por el riesgo de filtraciones de combustibles y de maquinaria», sostuvo.
Como tercer elemento, mencionó la degradación del suelo, ya que las excavaciones provocan pérdida de nutrientes y dificultan la regeneración natural de la vegetación.
«Todo ello imposibilita la recuperación natural de la flora y de las especies que están asociadas a ellas», apuntó.
EL DAÑO DE LAS «MONTAÑAS ROTAS»
Íñiguez subrayó lo que calificó como una «inconsistencia con la sostenibilidad», al recordar que en las islas aún se utiliza la práctica conocida como «montañas rotas» (donde hay erosión, fracturas o deslizamientos) para extraer granillo y arena.
«Esto es una práctica muy arcaica. En el caso de Galápagos debería estarse liderando una extracción de materiales de construcción sostenibles o una economía circular, tomando en cuenta que el 97 por ciento del territorio está dentro de un Parque Nacional», afirmó.
Añadió que los gobiernos locales deberían frenar el crecimiento de la mancha urbana en lugar de profundizar la dependencia de materiales extraídos localmente.
«La dependencia de la minería local demuestra la incapacidad de innovar en materiales que no destruyan el hábitat de las especies endémicas», dijo.
También cuestionó la falta de ordenamiento territorial, al señalar que «las Islas Galápagos no deberían crecer en su urbanización, sino más bien mantener la mancha urbana controlada».
A ello sumó el aumento del denominado «turismo de tierra», que incrementa la demanda de infraestructura y servicios dentro de las islas.
Para la asambleísta, la cláusula añadida al proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica, resulta atentatoria contra un ecosistema único y frágil que ya enfrenta otras amenazas.
«Las autoridades locales no han podido ni siquiera gestionar los residuos. Existen demandas ciudadanas que demuestran que las aguas residuales van directo al mar y que los residuos sólidos no son bien tratados. Ahora simplemente se estaría aumentando los problemas dentro de este ecosistema», advirtió.
POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD
Íñiguez adelantó que, de aprobarse, la norma en cuestión podría ser impugnada por inconstitucionalidad al vulnerar los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución ecuatoriana (2008).
«Una de las disposiciones, además, incluye que no se puede realizar minería dentro de zonas frágiles. Si bien es cierto que es muy específica para minería metálica, en el caso de Galápagos una minería pétrea también puede afectar seriamente este ecosistema, vulnerando directamente los derechos de la naturaleza», aseveró.
La legisladora criticó además el envío recurrente de proyectos económicos urgentes por parte del Ejecutivo, varios de los cuales han sido cuestionados por vulnerar derechos o por falta de unidad de materia y entre los cuales este sería susceptible de demandas ante la Corte Constitucional.
«Esta ley de minería ya era algo que estábamos rechazando y solicitábamos su archivo porque está desarrollada específicamente para beneficiar a unas élites con intereses mineros», afirmó.
Finalmente, advirtió que la incorporación de la cláusula específica sobre Galápagos reflejaría hasta dónde estaría dispuesto a llegar el poder político para asegurar la aprobación del proyecto, el cual, sostuvo, expone a intereses extractivos a uno de los ecosistemas más emblemáticos y representativos del país.
