Quito, 3 de octubre de 2025 — En medio del paro nacional que ya cumple más de dos semanas, se han intensificado las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica. Uno de los casos más simbólicos: la agresión a un adulto mayor, grabada en video, ha encendido un rechazo generalizado en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos.
Las tomas difundidas muestran a agentes de seguridad empujando y forcejeando con un hombre de edad avanzada, que no aparenta portar armas ni representar amenaza. Los defensores del video denuncian que se trató de un acto arbitrario para disuadir manifestantes pacíficos. La frase “Aquí no se ve tal cosa”, que apareció en declaraciones oficiales referidas a otras protestas, ha sido retomada por críticos para señalar la negación sistemática del maltrato institucionalizado.
Este episodio no es el único. Durante las manifestaciones, se han reportado:
- Detenciones masivas: en los primeros días de protesta se estima que entre 95 y 96 personas fueron arrestadas por actuaciones vinculadas al paro.
- Violaciones de derechos humanos: un recuento oficial señala al menos 143 casos de abusos documentados.
- Casos de maltrato militar: en otro video viralizado, miembros de las Fuerzas Armadas golpean a manifestantes que ya se encontraban heridos o inmovilizados, tras un enfrentamiento en la vía que conecta Cotacachi con Quito.
Estos eventos han sido denunciados ante organismos nacionales e internacionales, que advierten sobre una escalada represiva por parte del Estado hacia la ciudadanía movilizada.
Lo que para algunos podría aparecer como “orden público” es interpretado por otros como una estrategia del gobierno para silenciar la disidencia y obstaculizar el paro nacional. La agresión a un adulto mayor —un sector usualmente respetado y protegido— representa una línea roja: una señal de que ningún manifestante está exento del riesgo de ser blanco de violencia estatal.
Organismos de derechos humanos exigen una investigación independiente, sanciones a los responsables y garantías para que en Ecuador se respete la libertad de expresión y manifestación pacífica. En un contexto donde el malestar social se intensifica, el monitoreo internacional se vuelve imprescindible.
