Concejales analizan denuncias mientras crece la tensión por el futuro del Municipio
El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, entra en una fase decisiva.
La Comisión de Mesa del Concejo Cantonal ya inició el análisis de las denuncias presentadas, en medio de posturas divididas entre presión legal y cautela política.
Las solicitudes se sustentan principalmente en la presunta ausencia injustificada del alcalde, tras concluir su licencia el pasado 26 de marzo, mientras permanece detenido y enfrenta varios procesos judiciales.
Comisión de Mesa define si procede la remoción
La Comisión de Mesa, integrada por concejales, tiene la responsabilidad de revisar las denuncias, validar su legitimidad y emitir un informe que será elevado al Concejo Cantonal.
Este procedimiento se rige por el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece los pasos legales para la eventual remoción de autoridades locales.
Hasta ahora, el Municipio registra al menos tres solicitudes formales.
Se prevé que la comisión emita un pronunciamiento clave este lunes 27 de abril.
Un proceso que podría tomar semanas
Aunque el análisis ya está en marcha, concejales advierten que la decisión final podría tardar al menos tres semanas, hasta llegar a una sesión extraordinaria del Concejo.
Para que la remoción sea aprobada, se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del órgano legislativo.
Actualmente, el Concejo Cantonal mantiene una mayoría afín al alcalde, principalmente del movimiento Revolución Ciudadana, lo que añade complejidad política al proceso.
Posturas divididas dentro del Concejo
Desde la oposición, concejales han insistido en que la decisión debe centrarse en el marco legal y no en afinidades políticas.
Algunos ediles sostienen que la imposibilidad del alcalde de ejercer funciones activa automáticamente este mecanismo administrativo, necesario para garantizar la estabilidad institucional de la ciudad.
También advierten posibles consecuencias legales si el Concejo no actúa conforme a lo que establece la normativa vigente.
Cautela y defensa del debido proceso
En contraste, otros concejales han optado por la cautela, señalando que esperarán el informe de la Comisión de Mesa antes de definir su postura.Insisten en que el proceso debe respetar el debido proceso, garantizando imparcialidad y el análisis de pruebas tanto de cargo como de descargo.
Este enfoque busca evitar decisiones precipitadas que puedan ser cuestionadas posteriormente en instancias legales.
El rol del Tribunal Contencioso Electoral
En caso de que el Concejo apruebe la remoción, la normativa permite que la autoridad afectada recurra ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Este organismo deberá emitir un pronunciamiento en un plazo de diez días, una vez recibido el expediente completo del caso.
Crisis institucional y gobernabilidad
La situación actual refleja un escenario de incertidumbre en la administración municipal, debido a la ausencia prolongada del alcalde y la gestión temporal de una autoridad subrogante.
Expertos advierten que la resolución de este proceso será clave para restablecer la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el gobierno local.
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Con información de El Universo
