El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado vuelve a enfrentar cuestionamientos que ponen en duda la transparencia del proceso impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La aspirante Inés Maritza Romero Estévez presentó un pedido formal de recalificación de méritos tras denunciar presuntas inconsistencias y trato desigual en la asignación de puntajes dentro del proceso de selección.
Romero, quien actualmente ocupa el segundo lugar en el concurso, sostiene que la Comisión Ciudadana de Selección validó certificados similares para otros aspirantes vinculados a la Función Judicial, mientras que a ella le habrían rechazado al menos 20 certificaciones académicas relacionadas con materias penales y constitucionales.
Inés Maritza Romero Estévez, aspirante a Fiscal
Reclamo apunta a contradicciones en las reglas del concurso
Según el reclamo presentado por la postulante, existirían contradicciones dentro de las normas que regulan el concurso público de oposición y méritos para elegir al nuevo Fiscal General del Estado.
Romero argumenta que uno de los apartados reconoce talleres, congresos y seminarios realizados en los últimos cinco años, mientras que otra disposición limita la validez de estos documentos a solo tres años.
Ante esta aparente contradicción normativa, la candidata pidió que se aplique el principio de favorabilidad y se reconozca la totalidad de su formación académica y profesional.
Cuestionamientos por validación de certificados a otros aspirantes
La controversia también se centra en la supuesta diferencia de criterios utilizados para evaluar la documentación presentada por otros participantes del proceso.
De acuerdo con una publicación del diario Expreso, Romero cuestiona que certificados de naturaleza similar sí hayan sido aceptados para la jueza Daniella Camacho y para el fiscal general encargado Carlos Alarcón.
Entre los principales señalamientos constan:
- Presunto rechazo de al menos 20 certificados académicos de Inés Romero.
- Validación de documentos similares para otros postulantes.
- Cuestionamientos sobre el aval académico de algunos certificados presentados por Carlos Alarcón.
Según Romero Estévez, estas diferencias evidenciarían un trato desigual por parte de la Comisión Ciudadana de Selección.
La disputa por el primer lugar del concurso
De acuerdo con el cuadro oficial de méritos, Inés Romero registra 46,75 puntos y se ubica en el segundo lugar del proceso.
Sin embargo, la aspirante sostiene que una filtración atribuida al propio CPCCS la ubicaba inicialmente en el primer puesto con 50 puntos. Además, una veeduría externa de la Comisión Cívica de Seguimiento habría estimado su calificación en 47 puntos.
Romero asegura que, según sus cálculos técnicos y la normativa vigente, su puntaje legítimo debería alcanzar las 48 unidades, lo que le permitiría compartir el primer lugar del concurso junto a Daniella Camacho.
Más candidatos cuestionan la transparencia del proceso
La polémica no se limita únicamente al reclamo de Romero. Otros postulantes también han presentado objeciones formales al proceso de evaluación.
El exministro de Gobierno José De La Gasca oficializó el pasado 15 de mayo un reclamo administrativo ante el CPCCS para exigir una revisión integral de su calificación de méritos.
De La Gasca afirmó que varios documentos relacionados con su trayectoria penal y constitucional habrían sido omitidos arbitrariamente.
“Lo que observo es que, al no tener por dónde sacarme del concurso, buscan crear un desbalance entre los funcionarios de carrera y quienes venimos del libre ejercicio”, manifestó.
Asimismo, el postulante Samno Macías también cuestionó la transparencia del sistema tecnológico utilizado en la evaluación y solicitó una recalificación.
Tras concluir el plazo para la presentación de recursos de revisión el pasado 15 de mayo, la Comisión Ciudadana de Selección dispone de cinco días para resolver las objeciones y remitir su informe final al pleno del CPCCS.
Confirmado.net
