Quito, Tras confirmarse la muerte de un comunero en Ecuador, en el contexto del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel, la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, llamó al Gobierno de Daniel Noboa a un «alto el fuego» contra los manifestantes.
«¡Alto al fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida», aseveró Romero desde su cuenta en la red social X.
Romero señaló que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están actuando en contextos de protesta, lo cual es contrario a los estándares internacionales del derecho a la reunión, inclusive en estados de excepción.
La alta funcionaria instó el sábado al Gobierno de Ecuador a respetar la protección de los participantes en asambleas y reuniones, así como a evitar el uso de la fuerza y detenciones ilegales en el país.
«Ecuador; hago un llamado a que para las movilizaciones del día de mañana 28 de septiembre se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas. No se pueden repetir los hechos de estas semanas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales», señaló la víspera la alta funcionaria del organismo internacional desde su cuenta en la red social X.
Romero aludió a las denuncias de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas sobre detenciones arbitrarias y el congelamiento de las cuentas bancarias, luego que salieran a manifestarse contra el decreto 126 firmado por el presidente Daniel Noboa para eliminar el subsidio al diésel.
Según indicó, el Gobierno de Noboa parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país.
Apuntó que la sociedad civil ecuatoriana está siendo perseguida, sus cuentas congeladas, sus dirigentes son investigados bajo cargos fabricados, además de que su acción está siendo parte de un ejercicio permanente de estigmatización.
«Ecuador debe proteger los derechos de asamblea y asociación y asegurar un ambiente seguro para el activismo», sentenció.
Según el Gobierno, casi un centenar de personas fueron arrestadas durante las protestas, las cuales podrían ser procesadas por terrorismo.
Del total de detenciones, la Alianza de Organizaciones por los DDHH señaló que ha podido confirmar 68, pero otros 38 casos no se pudieron esclarecer. La propia Alianza indicó que existen 88 reportes de violaciones de derechos humanos y de 42 heridos en las protestas.
Confirmado.net – Sputnik
