Opinión de Vladimir Zambrano Galarza
En las elecciones ecuatorianas recientes se discutieron dos modelos de gobierno latinoamericanos: el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la gestión de Nayib Bukele en El Salvador. Mientras el primero ha sido criticado por manipulación electoral, represión y deterioro económico, el segundo ha sido mencionado por avances en seguridad y crecimiento económico. En Venezuela, los comicios de 2024 fueron cuestionados por la inhabilitación de candidatos opositores y la influencia oficialista en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de una economía con severas dificultades. En contraste, El Salvador alcanzó en 2024 un crecimiento del 3,4% y una tasa de homicidios de 1,9 por cada 100.000 habitantes, frente a los 103 de 2015.
En Ecuador, tras el primer año de gobierno de Daniel Noboa, los indicadores socioeconómicos presentan preocupaciones significativas. El PIB decreció un 2,5% en comparación con 2023, la pobreza por ingresos subió del 26% al 28% y la pobreza extrema del 9,8% al 12,7%. El desempleo aumentó del 3,3% al 3,7% y la informalidad laboral del 56% al 58%. En seguridad, el país pasó del puesto 114 al 130 en el Índice de Paz Global, evaluado por el Institute for Economics and Peace, con una tasa de homicidios de 39 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del mínimo de 5,7 registrado en 2017. Estos datos en el país reflejan inquietudes sobre la dirección que está tomando el país, similar a lo denunciado en Venezuela y en evidente contraste con el proceso de recuperación de El Salvador. Estos resultados deficientes en el primer año de gobierno de Noboa y las fuertes señales de debilitamiento democrático durante el proceso electoral de 2025 sugieren una posible manipulación en los últimos resultados electorales del 13 de abril de 2025.
El Consejo Nacional Electoral ha recibido críticas por su presunta parcialidad hacia el partido oficialista ADN. La mayoría de sus vocales son considerados afines al gobierno, lo que llevó a la no sanción del presidente Noboa por múltiples infracciones al Código de la Democracia: no solicitar licencia para hacer campaña, uso indebido de artistas internacionales en la promoción electoral, utilización sin inhibición de recursos estatales para su propaganda y falta de control sobre el techo del gasto electoral. Un caso notable fue la participación de la empresa de seguridad Blackwater, cuyo fundador, Erik Prince, hizo campaña a favor de Noboa en medios controlados por el oficialismo, atacando incluso a la candidata opositora Luisa González. Esto generó preocupación en congresistas estadounidenses, quienes consideraron revisar la asistencia de seguridad a Ecuador, citando la Ley Leahy, dado el historial de violaciones de derechos humanos de Blackwater.
A ello se suman modificaciones en normativas electorales que afectaron la transparencia de los comicios: se restringió la toma de fotos de las papeletas y la capacidad de control del conteo de votos por parte de los delegados del partido de oposición. También hubo disposiciones del CNE para cambios de último momento en lugares de votación en zonas favorables a la oposición, y reportes de cierres anticipados en mesas donde la candidata opositora tenía una intención alta de votación. Estas acciones han aumentado las sospechas de una posible manipulación electoral por parte del oficialismo, generando desconfianza en los resultados.
El gobierno de Noboa también ha sido cuestionado por sus malas prácticas en relación con las instituciones democráticas del país. Un ejemplo fue la reubicación de la vicepresidenta al servicio exterior y la posterior suspensión de su empleo, en contradicción con la normativa que regula el ejercicio del servicio público, el servicio exterior y las autoridades electas por voto popular. Otro hecho grave fue la incursión en la embajada de México en Quito, condenada por organismos internacionales como la ONU, OEA, CELAC y la comunidad de naciones, incluidas la Unión Europea y los Estado Unidos.
Asimismo, el Ejecutivo ignoró una resolución de la Corte Constitucional que limitaba la prórroga de los estados de excepción para el control de la seguridad interna del país, que están concentrando poder en el Ejecutivo y militarizando el país sin ofrecer perspectivas de soluciones estructurales a la inseguridad que afecta a la ciudadanía. Estos eventos reflejan un enfoque gubernamental distante de los valores democráticos convenidos por la sociedad y sugieren una tendencia hacia un modelo de gobierno autoritario que debilita el Estado de Derecho en el Ecuador y promueve el abuso del poder.
Antes de la segunda vuelta electoral, el 12 de abril, el gobierno decretó un estado de excepción en provincias con mayor intención de voto a la oposición limitando la movilización y fiscalización ciudadana. Organismos internacionales, como la Unión Europea y la OEA, ya habían advertido sobre irregularidades desde la primera vuelta del 9 de febrero, tales como la falta de licencia del candidato presidente para la campaña y su consecuente uso del aparato estatal para tener ventaja sobre sus competidores.
Asimismo, 14 congresistas estadounidenses enviaron una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el 9 de abril, alertando sobre la gestión del gobierno de Noboa en Ecuador que podrían afectar la confianza en el proceso electoral y la integridad democrática. Identificaron el uso de recursos estatales y la restricción de derechos fundamentales como factores que podían comprometer un proceso electoral libre y justo. Las limitaciones de los derechos fundamentales y las críticas internacionales a las prácticas del gobierno durante las elecciones plantean preocupaciones respecto a la transparencia de los resultados obtenidos por el oficialismo.
Estos acontecimientos, sumados a los bajos indicadores económicos, el creciente conflicto social y las señales de deterioro democrático, apuntan a una posible manipulación e interferencia en los resultados electorales. El control del oficialismo sobre el CNE, el presunto incumplimiento de la Constitución, la limitación de derechos y las críticas internacionales son indicativos de que Ecuador podría estar acercándose a un modelo similar al cuestionado en Venezuela bajo Nicolás Maduro en lugar de una transformación positiva.
A diferencia de El Salvador, donde Bukele ha mostrado mejoras en seguridad y economía, aunque con cuestionamientos por uso excesivo de la fuerza y limitaciones a derechos humanos, Ecuador enfrenta un deterioro generalizado. Esta situación exige un firme compromiso del gobierno ecuatoriano con la democracia, el Estado de Derecho y la transparencia, además del impulso de políticas económicas eficaces que reduzcan la pobreza y la inseguridad. También se vuelve crucial el rol vigilante de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional ante una posible deriva autoritaria en el país.
Por, Mgtr. Vladimir Zambrano Galarza
El autor tiene una maestría en Investigación Social por la ULEAM. Realiza activismo ciudadano desde los colectivos Ciudadanos Comprometidos y el Observatorio Ciudadano para el Desarrollo Manta. Actualmente reside en Nueva York.
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