Quito, La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, será llevada a juicio político debido a su ausencia reiterada ante el llamado a comparecer por varios casos que son fiscalizados en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), informó el lunes el Legislativo.
«La ministra Manzano será enjuiciada políticamente por no asistir y entregar la información pertinente respecto a Progen y a la concesión del Campo Sacha», dijo en un comunicado oficial el parlamento.
A la titular de la cartera energética se la investiga por la adjudicación de un contrato por parte de una empresa para la compra de generadores de electricidad y otro para la concesión del campo petrolero Sacha.
El texto señala que, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si un funcionario público no atiende el llamado del parlamento, en la fecha y hora señalados, o no remite información, será causal de juicio político.
En caso de ser sancionada, la ministra Manzano perdería sus derechos políticos por dos años, con lo cual no podrá ser elegida en un cargo público por ese periodo.
La funcionaria fue invitada junta a otras autoridades en cuatro ocasiones ante la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político, como parte de los procesos de investigación de estos casos en los que se presume que se causó perjuicio al Estado ecuatoriano.
En el caso de Progen, esta empresa estadounidense ganó dos contratos millonarios para instalar 49 generadores eléctricos a fin de que el país pudiera suplir el déficit en la generación en medio de apagones de hasta 14 horas diarias debido a la sequía que afectó la producción de energía en las hidroeléctricas.
Sin embargo, demoras en el cumplimiento de los acuerdos dieron paso a notificaciones y multas por 900.000 contra la contratista por el momento, sin que se conozca el avance de los trabajos contratados.
En el caso del campo petrolero Sacha, el Gobierno de Daniel Noboa adjudicó el contrato al consorcio chino-canadiense Sinopetrol para el manejo de dicho enclave, con el propósito de elevar su producción de 77.000 a 100.000 barriles de petróleo.
Tampoco la empresa cumplió con la entrega de la prima inicial de 1.500 millones de dólares, por lo que el Gobierno dijo que no avanzó este acuerdo a la siguiente fase.
Este proceso transcurrió en medio de denuncias y el anuncio de movilizaciones sociales contra dicha privatización, al considerarse que no era prudente ceder la «joya de la corona» petrolera del país.
Al momento, gremios petroleros y organizaciones obreras denuncian que el Gobierno no ha derogado la resolución que da paso a dicha concesión, por lo cual la Asamblea Nacional anunció un proceso de fiscalización.
Con información de Agencia Sputnik
