Quito, Una nueva legislación aprobada este martes en Ecuador es cuestionada por legisladores de la oposición al señalar que este texto restaría derechos laborales a los trabajadores del sector público, en violación a la Constitución vigente.
«Bajo el discurso de orden y seguridad aprobaron una ley que atropella derechos y viola la Constitución», afirmó el parlamentario ecuatoriano del Movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Luis Fernando Molina, al concluir la sesión legislativa.
Molina señaló que la sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública quita estabilidad laboral a servidores públicos y excluye a cooperativas, artesanos y pequeños productores.
El texto deroga el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el cual contemplaba «garantía adicionales» para los servidores públicos.
En particular dicho artículo señalaba la «estabilidad» de los trabajadores en sus puestos y el llamado «derecho preferente», según el cual en caso de supresión de su plaza, deberían ser reubicados en otro puesto vacante de naturaleza similar.
Molina llamó la atención que este texto endurece penas para adolescentes hasta 15 años, ignorando que muchos son víctimas de mafias, incluye reformas penales sin conexión temática, violando la unidad de materia.
El legislador por la RC Ricardo Patiño se pronunció en su cuenta de la red social X en similares términos al señalar que la nueva legislación, respaldada por el oficialismo (movimiento ADN, centroderecha), «quita estabilidad a los servidores públicos; atropella a la economía popular y solidaria y mete artículos sobre niñez que no tienen nada que ver y atentan contra la unidad de materia».
Aprobada con 84 votos afirmativos, 62 en contra y dos abstenciones, la legislación establece, además, sanciones de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos graves, quienes podrían beneficiarse de una reducción del 50 por ciento de la condena, si delatan a sus reclutadores.
Asimismo, plantea declarar en emergencia a la función judicial, con el pretexto de fortalecer el sistema y acabar con la corrupción de jueces y fiscales, quienes estarán expuestos a evaluación anticipada obligatoria.
El documento tipifica un nuevo delito, el de prevaricato, aplicable a fiscales señalados de actuar de manera ilegal, injusta o arbitraria para beneficiar a un criminal, el cual incluye la inhabilitación para ejercer el cargo por el doble del tiempo de la pena impuesta.
Otros puntos del proyecto tratan la expulsión del país de reos extranjeros que cumplen condenas en el sistema carcelario ecuatoriano, que registra un hacinamiento de al menos 4000 reclusos, de ellos 1.600 de otras naciones.
La legisladora Valentina Centeno, jefa de la bancada oficialista, señaló que esta es una ley «necesaria, justa e inédita», que reforma cerca de 20 cuerpos normativos, y se enfoca en la protección de la vida y la dignidad humana.
«Esta ley es un paso clave en la búsqueda de un Ecuador justo, transparente e íntegro. Envía un mensaje claro: en este país, se acabó la fiesta para los corruptos y los delincuentes», aseveró Centeno.
La Asamblea Nacional indicó en su página oficial que este proyecto no se limita únicamente al ámbito de la contratación pública, sino que incorpora reformas integrales para enfrentar la corrupción de manera estructural.
Confirmado.net – Sputnik
