Quito, Las tensiones entre el Gobierno de Ecuador y la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) escalaron en las últimas horas luego que el presidente del país, Daniel Noboa, acusara al secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, de usurpación de funciones tras la devolución del decreto ejecutivo mediante el cual el mandatario designara en la Presidencia a una funcionaria nombrada por él como «vicepresidenta constitucional».
«Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentar», señaló Muñoz en una alocución difundida en las últimas horas en su cuenta de la red social X.
El funcionario explicó que el mandatario dio paso a dicha acusación el supuesto delito de «simulación y usurpación de funciones» luego de que, en cumplimiento de sus funciones, notificara a la Presidencia de la devolución del decreto ejecutivo número 500, en el cual Noboa cede la Presidencia por cuatro días a Cynthia Gellibert, en el cargo de vicepresidenta -como reemplazo de Verónica Abad-, electa en las urnas para ese puesto.
«Yo he actuado siempre de forma correcta y ética y así lo seguiré haciendo durante toda mi vida, velando por el respeto a la ley y a la Constitución de la República del Ecuador», aseveró Muñoz.
Señaló que ha recibido varias amenazas que buscan amilanarlo y que no cumpla con su labor, pero él no ha cometido ningún delito.
«Es por eso que responsabilizo al Gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia», enfatizó.
El jueves, Muñoz advirtió que tanto Noboa como Gellibert podrían enfrentar problemas legales de índole constitucional y penal, en caso de dar paso a dicho decreto presidencial.
El funcionario ratificó que el Legislativo «no reconoce una ausencia temporal del cargo, ni un abandono del mismo por parte de Abad», a quien le corresponde asumir el cargo durante la ausencia temporal del presidente, según la Constitución.
Noboa se dispone a cumplir una agenda electoral para buscar votos a fin de reelegirse en el cargo para el periodo 2025-2029 por su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN, centro derecha), y por su decisión será reemplazado por Gellibert, hecho que rechazó la Asamblea Nacional.
Varios juristas alertaron al mandatario de las sanciones que podrían traer consigo el hecho de que no haya solicitado licencia sin remuneración para hacer actividades proselitistas y posesionara en el cargo a una vicepresidenta distinta a Abad, por presunto abandono de funciones de esta última.
Para Noboa y su equipo no es obligatorio que el presidente ni sus legisladores tomen dicho periodo de licencia, debido a que llegaron al poder tras un proceso electoral extraordinario luego que el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) aplicara la llamada «muerte cruzada», con la cual disolvió el Parlamento y llamó a las urnas.
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 9 de febrero, fecha en que serán escogidos el nuevo binomio presidencial, así como los 151 integrantes del Legislativo y los cinco representantes al Parlamento Andino.
Con información de Agencia Sputnik
