El presidente Daniel Noboa dispuso a la Cancillería ecuatoriana realizar acercamientos para «coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación» que permitan el ingreso de fuerzas especiales internacionales al país. La iniciativa, que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, ha generado un intenso debate nacional. Además, se exhortó a la Asamblea Nacional a analizar y respaldar esta medida.
Sin embargo, la propuesta ha sido duramente criticada por sectores políticos y expertos en relaciones internacionales. Fernando Yépez Lasso, exvicecanciller de Ecuador, calificó la iniciativa como un «vergonzoso atentado contra la soberanía, la dignidad y el honor nacional». En declaraciones contundentes, Yépez Lasso señaló: «La necesaria cooperación internacional contra el narcotráfico, que es amplia y supera la simple represión, es muy diferente de una alianza militar y de la acción de fuerzas militares extranjeras en Ecuador».
El exfuncionario también cuestionó las intenciones detrás de la medida, sugiriendo que se trata de una estrategia electoral. «Esta iniciativa, entreguista y peligrosa, busca en este momento electoral distraer la atención y profundizar la perversa e inaceptable narrativa de que ‘los buenos’ apoyan a Noboa y que los ‘narcos y delincuentes’ estamos con Luisa, con el cambio, la esperanza y la dignidad», afirmó Yépez Lasso.
Además, el exvicecanciller alertó sobre los riesgos que implicaría la presencia de tropas extranjeras en el país, recordando los recientes casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. «Con nuestras FFAA en las calles se han dado el asesinato de los niños de las Malvinas, decenas de desapariciones forzadas y violaciones de DDHH. Imaginemos el escenario de vulnerabilidad para el pueblo con tropas extranjeras. Y con un gobierno inepto que no siente», agregó.
La propuesta del gobierno ha dividido a la opinión pública, mientras algunos sectores la ven como una solución urgente ante la crisis de seguridad, otros la consideran una amenaza a la soberanía nacional y un riesgo para los derechos humanos. La Asamblea Nacional tendrá la última palabra sobre este polémico tema, en medio de un clima político polarizado y en plena campaña electoral.
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