El 8 de diciembre de 2024, Josué Arroyo (15), Ismael Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) desaparecieron en el sur de Guayaquil tras salir a jugar fútbol cerca de un centro comercial. Lo que comenzó como una denuncia de desaparición ante la Fiscalía ha escalado a un caso de posible desaparición forzada, con implicaciones de militares y versiones contradictorias por parte de las autoridades.
Detalles del caso
Luis Arroyo, padre de dos de los menores, denunció que recibió una llamada que indicaba que los niños habían sido golpeados por militares y abandonados en una zona remota. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontró rastros de ellos. Más tarde, al revisar cámaras del ECU 911, asegura haber visto imágenes de los niños siendo agredidos y detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
En una base militar se encontraron prendas de los menores, las cuales fueron entregadas a la Fiscalía. El caso ahora incluye una denuncia por desaparición involuntaria y está siendo investigado por una unidad especializada en Quito.
¿Quiénes están implicados?
De acuerdo con declaraciones del padre y las investigaciones preliminares, habría 16 militares implicados. Las Fuerzas Armadas anunciaron un Tribunal de Disciplina Militar para determinar responsabilidades, aunque los detalles permanecen reservados.
Contradicciones de las autoridades
El ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, dio versiones contradictorias al señalar primero que la desaparición fue obra de grupos delincuenciales y luego que los niños habrían intentado robar a una mujer antes de ser detenidos. Por su parte, el presidente Daniel Noboa ha ordenado intensificar las acciones para encontrar a los niños y sancionar a los responsables.
¿Desaparición forzada?
Este caso ha sido calificado como una posible desaparición forzada, un delito que implica la privación de libertad por agentes estatales o con su autorización, seguido por la negativa de informar sobre el paradero de las víctimas. Según organismos de derechos humanos, este delito es una grave violación de los derechos fundamentales y puede constituir un crimen de lesa humanidad.
A 16 días de la desaparición, el paradero de los cuatro niños sigue siendo un misterio, mientras sus familias y la sociedad ecuatoriana claman por respuestas.
Fuente: Lupa Media
