Quito, El Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades de Ecuador a una «búsqueda rápida» para dar con el paradero de cuatro menores de edad desaparecidos en la ciudad de Guayaquil tras ser capturados por una patrulla militar.
«Las autoridades tienen la obligación de llevar a cabo una búsqueda rápida, con el principal fin de dar con el paradero de los menores de edad desaparecidos, ese es el objetivo más urgente», señaló Jarab al reunirse con familiares de los adolescentes cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre.
Según Jarab, esta búsqueda debe contar con la participación de las familias, ser empática y evitar la revictimización.
Los menores han sido identificados como los hermanos José Didier e Ismael Eduardo Arroyo Bustos, así como Steven Gerald Medina Lajones y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, por cuya búsqueda se pronunciaron ciudadanos y activistas por los derechos humanos en varias ciudades del país este lunes.
Un reporte del organismo internacional indicó el recordatorio presentado por el alto funcionario respecto a la importancia de los principios rectores para la búsqueda de desaparecidos, adoptados por el Comité contra la Desaparición Forzada, de 2019.
Dicho documento señala que el inicio de la búsqueda de los desaparecidos «sin demora» y bajo la presunción de que la persona está viva.
Jarab expresó que dará seguimiento a este caso, así como a otros en los que se evidencian violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.
«Este seguimiento tiene como objetivo no solo promover la verdad y la justicia, sino también garantizar que las acciones estatales estén alineadas con las normas internacionales de derechos humanos», señaló.
Según el funcionario de la ONU para esta región, las madres y los padres de los menores compartieron su dolor y angustia en este momento de desconcierto, en el cual solo esperan que sus hijos sean hallados con vida.
En sus primeros pronunciamientos públicos sobre este caso, en una alocución conjunta del gobierno y al alto mando militar, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, rechazó la implicación de militares en una presunta «desaparición forzada» y la vinculación de las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales.
Un día después admitió que fueron subidos a una camioneta por varios militares armados que realizaban un operativo en el contexto del estado de excepción vigente en varias provincias del país.
«Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y las mafias», dijo el ministro.
Por su parte, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, descartó cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición.
Sin embargo, anunció la conformación de tribunal de disciplina militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prometió «cero impunidad» en este caso.
En tanto, el Legislativo analizó el lunes en sesión virtual la situación actual del caso, tras lo cual resolvió remitir una «Petición de Acción Urgente» sobre estos hechos al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Con información de Agencia Sputnik
