Desde hace dos años, el 21 de febrero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría sobre los
derechos de las personas privadas de libertad identificaron la problemática del sistema penitenciario de Ecuador. En su informe alertan del debilitamiento de la institucionalidad, con la eliminación del Ministerio de Justicia, en el Gobierno de Lenín Moreno. También les preocupa la violencia en las cárceles y los tratos privilegiados que recibían algunos presos como Adolfo Macías, alias Fito, con quien conversaron.
Casi dos años después, los niveles de violencia en las cárceles han aumentado, tanto que duplicaron las más de 300 víctimas mortales de las masacres. Desde el 2018 se registran 680. Y alias Fito, líder de Los Choneros, no solo que apareció en casi una suite de hotel, con televisión, refrigerador, aire acondicionado, ducha eléctrica, cama de dos plazas, armario y celulares e Internet a libre disposición. Además, se escapó, al parecer el 25 de diciembre del 2023.
Aunque, lamentablemente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Adolescentes Infractores (SNAI) lo detectó, supuestamente, solo el domingo 7 de enero del 2024. El presidente Daniel Noboa ha dicho que le tomaron lista el 6, pero no descarta que hayan mentido los guías. Ese escape de la Cárcel Regional de Guayaquil ha desatado una ola de violencia y fue el inicio de la puesta en marcha del decreto 111, que declara terroristas a 22 organizaciones criminales, como Los Choneros, y da pie a que las Fuerzas Armadas sean el centro de los operativos.
La CIDH, hace dos años, en su informe dice que la crisis carcelaria es consecuencia del debilitamiento de la institucionalidad, como resultado de la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en la presidencia de Rafael Correa, en noviembre 2007, para asumir la rectoría del sistema penitenciario, que estaba en manos del Ministerio de gobierno. La decisión de eliminarlo la dio Lenín Moreno, en agosto 2018.
Entonces se crearon dos entidades, la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI. Hubo un recorte presupuestario, reducción de
personal técnico para asistir a la población penitenciaria en diversas áreas.
Una delegación de la CIDH conversó con siete personas privadas de libertad en regímenes de máxima, mediana y mínima
seguridad, así como de atención prioritaria. Así, hace dos años observó que algunos líderes de bandas
criminales son internos privilegiados que ejercen el poder dentro de las cárceles. La Comisión pudo
percibir cierto temor frente a la situación de violencia que se vive en los centros por
parte de las autoridades del SNAI en el ejercicio de sus funciones.
La CIDH se entrevistó con Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda de Los Choneros. «Se pudo percibir que ejerce un
control interno importante del centro penitenciario». La delegación observó por la vestimenta, que en
efecto los líderes cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades
en contraposición con otras personas entrevistadas.
Desde el lunes 8, más de 100 personas, entre guías penitenciarios y trabajadores administrativos de las cárceles están retenidos. Circulan videos, en los que se ve que los amenazan y están de rodillas. En otros, en los que piden ayuda, por ejemplo desde la Cárcel de Cotopaxi, porque son padres de familia y se sienten abandonados por el Estado. En esta semana, sus representantes dijeron que no tienen armas, ganan muy poco y se exponen día a día.
Así ha caído el presupuesto para el sistema carcelario, según información recopilada en el informe de la Relatoría sobre los
derechos de las personas privadas de libertad:
2017, USD 153 millones
2018, USD 131 millones
2019, USD 90 millones
2020, USD 88 millones
2021, USD 54 millones
Confirmado.net
