La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este lunes a Colombia por vigilancia e inteligencia ilegal contra integrantes de la organización defensora de los derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República de Colombia por la violación de distintos derechos humanos, en perjuicio de determinados miembros de la Corporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar), organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, y sus familiares», dijo el organismo en un comunicado sobre la sentencia.
El tribunal determinó que las actividades arbitrarias por parte de diversas dependencias estatales se llevaron a cabo en perjuicio de los miembros del Cajar y sus familiares desde la década de 1990.
La sentencia fue notificada este lunes en un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso.
La Corte IDH «declaró que Colombia vulneró, en perjuicio de las víctimas, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos», añade la nota.
Por su parte, Cajar expresó en la red social X que, de acuerdo con el máximo tribunal interamericano, «las actividades desde instancias del Estado y terceros, actuando con su permiso o silencio, han tenido como objetivo amedrentar y detener el trabajo de la organización en la defensa de derechos humanos».
Tras la condena, la Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación al Estado colombiano.
El Estado deberá pedir perdón, depurar archivos de inteligencia y realizar una campaña informativa a nivel nacional, para sensibilizar a la sociedad respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos.
También deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos; aprobar la normativa necesaria para implementar mecanismos o procedimientos que garanticen el derecho a la autodeterminación informativa, así como adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que ejerció como representante de las víctimas en este caso, denunció ante el organismo internacional que el Estado de Colombia «ha perseguido a Cajar por más de 30 años por su trabajo en la defensa de derechos humanos».
Con información de Agencia Sputnik
