La situación de violencia en los territorios rurales llega a los diálogos entre la UE y Colombia. DW habló con un líder indígena y activista pro derechos humanos. 

“He sido declarado objetivo militar por el frente Dagoberto Ramos, por eso tuve que dejar mi casa y venir aquí a contar lo que está sucediendo en el Cauca , en mi comunidad en Toribío”, cuenta a DW Guillermo Tenorio, fundador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien se identifica como líder indígena Páez (o Nasa).

Refugiado en Europa porque su vida corre peligro, el líder del CRIC afirma que «la situación está muy crítica, nos están matando mucho; la guerrilla mata a todos los que no pagan ‘vacuna’, el impuesto que cobran a los que siembran [marihuana y coca] ya los que entran a los territorios para comprarla. Pero el problema más grave es que se están llevando a los jovencitos. Si se esconden, los llevan a las malas», afirma el «mayor» Tenorio.

«Aunque el proceso de paz es un camino, estos grupos no se han acogido, no respetan nada y siguen aumentando aumentando sus filas con nuestros menores, para llevarlos a la guerra», agrega.

Momento crucial

El testimonio de este líder Nasa del norte del Cauca llega a Bruselas justo en el momento en que tiene lugar, en Bogotá, el XV Diálogo sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea (UE) y Colombia . Tanto el tema de la violencia como el de la falta de garantías a la seguridad y derechos de las comunidades llegan a la mesa del diálogo entre autoridades colombianas y el representante especial de Derechos Humanos de la UE.

«Este diálogo es muy importante, porque la UE siempre ha estado comprometida con el proceso de paz , siempre ha apoyado el enfoque de derechos humanos. En este momento de aumento de la confrontación armada, a pesar de su voluntad de paz, el Gobierno está en una encrucijada frente a una respuesta militar, ante grupos que no muestran voluntad de diálogo», explica a DW Juan Ávila, del Colectivo Maloka, una organización catalana que desde hace 22 años apoya procesos comunitarios en Colombia, acompaña su incidencia en Europa y protege a personas en situación de riesgo.

«La situación en el norte del Cauca se puede extrapolar a otros territorios», asegura Ávila. «Aquí, desde enero de 2020, la Asociación de Cabildos Indígenas habla de 800 reclutamientos de niños y adolescentes. Sabemos que es un registro impreciso, porque muchas familias no hablan por miedo a las represalias».

Con información de Agencia DW