El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, heredero del Trujillato, sancionó al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, con la suspensión de sus derechos de participación política por seis meses y una multa equivalente a 25 salarios básicos unificados. La decisión, que aún puede ser apelada, ha generado una fuerte reacción política y denuncias de un supuesto intento por excluir del escenario electoral a una de las autoridades locales con mayor aceptación ciudadana del país.
Joaquín Viteri vuelve al centro de la polémica política
La sentencia emitida por el juez Joaquín Viteri concluyó que el alcalde cuencano incurrió en violencia política de género contra la concejal Diana González.
Según la resolución, Zamora habría utilizado medios institucionales y plataformas digitales para desacreditar a la edil como respuesta a las acciones de fiscalización realizadas desde el Concejo Cantonal de Cuenca.
La sanción contempla la suspensión de los derechos de participación política durante seis meses, además de una multa económica equivalente a 25 salarios básicos.
La decisión se produce en momentos en que el país comienza a mirar el calendario electoral y las futuras elecciones seccionales anticipadas impulsadas por el Consejo Nacional Electoral.
Cristian Zamora denuncia una sentencia con fines electorales
La reacción del alcalde fue inmediata.
A través de sus redes sociales, Cristian Zamora rechazó el fallo y aseguró que detrás de la decisión existe una clara intencionalidad política.
“El fallo tiene una profunda falta de argumentos jurídicos y busca un objetivo electoral. Nuestro equipo legal apelará al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y estamos convencidos de que esta resolución será revertida”, señaló.
El alcalde recordó además que la sentencia no está ejecutoriada y que, mientras se tramita la apelación, los efectos de la sanción permanecen suspendidos.
Zamora sostuvo que continuará al frente de la administración municipal y aseguró que nada impedirá la ejecución de los proyectos previstos para la ciudad.
“Seguiremos inaugurando obras y trabajando por Cuenca. Nada ni nadie nos detendrá”, afirmó.
Paola Pabón denuncia persecución contra autoridades locales
La decisión judicial provocó reacciones inmediatas dentro de varios sectores políticos.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su rechazo a la suspensión de los derechos políticos del alcalde cuencano y advirtió sobre una supuesta persecución contra autoridades que mantienen posiciones críticas frente al gobierno nacional.
“La persecución a las autoridades locales que no comulgan con el régimen de turno no cesa. No aceptamos que organismos electorales actúen como extensiones administrativas del gobierno central”, manifestó.
Las declaraciones de Pabón reavivaron el debate sobre la independencia de los organismos de control y justicia electoral en el país.
Viviana Veloz acusa a Joaquín Viteri de actuar como operador político
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, también reaccionó al fallo y vinculó la decisión con otros procesos que han afectado a dirigentes y organizaciones políticas de oposición.
Según Veloz, el juez Joaquín Viteri ha intervenido anteriormente en decisiones que terminaron impactando directamente a sectores políticos adversarios al oficialismo.
“Primero me sentenció a mí, luego suspendió a la Revolución Ciudadana y ahora va por alcaldes en funciones. Lo que estamos viendo es una estrategia para sacar del camino a quienes representan una amenaza electoral para el poder”, afirmó.
La dirigente sostuvo además que el país enfrenta un escenario preocupante para la democracia si los jueces abandonan la imparcialidad y se convierten en actores políticos.
Una decisión que trasciende a Cuenca
Más allá del caso puntual del alcalde cuencano, la resolución de Joaquín Viteri ha abierto un nuevo frente de confrontación política en Ecuador.
El fallo se produce en medio de un ambiente de creciente polarización, donde las decisiones judiciales y electorales son observadas con especial atención por organizaciones políticas, autoridades locales y ciudadanía.
Para los defensores de la sentencia, se trata de la aplicación de la normativa vigente en materia de violencia política de género. Para sus críticos, en cambio, constituye una nueva señal de utilización de los organismos electorales para condicionar la competencia democrática.
Mientras el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral analiza la apelación anunciada por Cristian Zamora, el debate ya salió de los tribunales y se instaló en el centro de la disputa política nacional. FIN
