El caso PROGEN se ha convertido en uno de los episodios más delicados para el Gobierno de Daniel Noboa en medio de la crisis energética que vive Ecuador. La investigación de Fiscalía sobre presuntas irregularidades en contratos del sector eléctrico abrió una disputa pública entre exfuncionarios, autoridades y especialistas anticorrupción. Mientras el exfuncionario de CELEC, Fabián Calero, intenta desmarcarse de la trama y cuestiona decisiones internas, el exministro de Energía y actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, rechaza sus afirmaciones y también toma distancia del caso.
La controversia se produce en un momento crítico para el sistema eléctrico nacional, marcado por cuestionamientos sobre contratación pública, generación emergente y manejo institucional de la crisis energética.
Fabián Calero se desmarca del caso PROGEN
Uno de los nombres señalados dentro de la investigación es Fabián Calero, exalto funcionario de CELEC, quien decidió exponer públicamente su versión de los hechos. Calero sostiene que existen elementos que deben ser aclarados dentro del proceso y busca desvincularse de cualquier responsabilidad en la presunta trama de corrupción vinculada al sector eléctrico.
Sus declaraciones abrieron un nuevo frente político y mediático, debido a que el caso involucra decisiones tomadas durante uno de los momentos más complejos de la emergencia energética nacional.
El proceso PROGEN gira alrededor de contratos y decisiones relacionadas con generación eléctrica emergente, un tema extremadamente sensible debido a los apagones, la presión ciudadana y las pérdidas económicas provocadas por la crisis energética que afectó al país.
Roberto Luque rechaza las declaraciones y toma distancia
El actual ministro de Transporte y Obras Públicas y exministro de Energía, Roberto Luque, respondió a las declaraciones de Calero y negó cualquier vinculación con presuntas irregularidades.
Luque rechazó los señalamientos y aseguró que durante su gestión se actuó bajo parámetros técnicos y administrativos. Además, dejó entrever que existirían responsabilidades individuales dentro del proceso investigado por Fiscalía.
La confrontación pública entre ambos refleja el nivel de tensión política que ha comenzado a generar el caso PROGEN dentro y fuera del Gobierno.
Experta anticorrupción cuestiona el rol de Contraloría
La especialista en temas anticorrupción, Alejandra Vivanco, también intervino en el debate público y cuestionó el accionar de la Contraloría General del Estado frente a las presuntas irregularidades detectadas en el sector eléctrico.
Vivanco advirtió que el país enfrenta un problema estructural relacionado con los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de contratos públicos, especialmente en sectores estratégicos como energía.
Sus observaciones alimentan la percepción de que el caso PROGEN podría escalar políticamente y convertirse en uno de los mayores focos de desgaste para el Gobierno de Daniel Noboa en medio de la crisis eléctrica y económica.
Crisis energética y presión política aumentan el impacto del caso
La investigación aparece en un contexto especialmente delicado para Ecuador. El país aún enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de la crisis energética, las contrataciones emergentes y las decisiones tomadas para evitar apagones prolongados.
Analistas consideran que el caso PROGEN podría convertirse en un símbolo de las tensiones internas dentro del aparato estatal y de las disputas sobre responsabilidades políticas en torno al manejo del sistema eléctrico.
Mientras Fiscalía avanza con las investigaciones, el tema ya domina parte de la conversación política y mediática nacional, con nuevos cruces de declaraciones que podrían seguir apareciendo en las próximas semanas. FIN
Fuentes: redes sociales – Periodista Sara Ortíz – Imagen web Ecuavisa
