El juicio político contra Mario Godoy entra en una fase crítica marcada por una decisión polémica: el bloqueo a la incorporación de nuevas pruebas clave. La maniobra, liderada desde la Comisión de Fiscalización por el oficialismo, abre una pregunta de fondo sobre el costo político que el gobierno está dispuesto a pagar para sostener a uno de sus cuadros más cuestionados.
El cerco desde Fiscalización: una decisión con firma política
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, actuó como el principal dique para impedir que nuevas pruebas sean incorporadas al proceso de juicio político contra Mario Godoy.
La decisión no es un trámite menor: limita el alcance del control político y reduce la posibilidad de contrastar hechos, testimonios y documentación que podrían ser determinantes.
Desde la oposición y sectores independientes, la lectura es clara: no se trata de una discusión técnica, sino de una orden política destinada a cerrar el paso a cualquier elemento que complique la defensa del funcionario cuestionado.
Viviana Veloz: “se está mutilando el juicio político”
La asambleísta Viviana Veloz, interpelante en el juicio, ha sido enfática: impedir la incorporación de nuevas pruebas lesiona el derecho de fiscalización y distorsiona el objetivo del juicio político.
Veloz sostiene que el país no está frente a una defensa jurídica legítima, sino ante una estrategia para proteger a Mario Godoy a cualquier costo, incluso sacrificando la transparencia institucional.
Según su criterio, bloquear pruebas no debilita a la interpelación, sino que expone la fragilidad de la defensa del funcionario y la dependencia del gobierno de una mayoría disciplinada.
Un precedente que debilita el control democrático
Más allá del desenlace del juicio, el precedente institucional es preocupante.
Si una mayoría legislativa puede bloquear pruebas incómodas, la fiscalización pierde su razón de ser y la Asamblea queda reducida a un espacio de protección política y no de control democrático.
Viviana Veloz advierte que este tipo de decisiones no fortalecen al gobierno, sino que profundizan el descreimiento ciudadano y alimentan la crisis de confianza en las instituciones.
Mario Godoy y el intento de salvataje institucional
El nombre de Mario Godoy se ha convertido en un punto de quiebre para el oficialismo. Lejos de despejar las dudas, el bloqueo de pruebas alimenta la percepción de encubrimiento y debilita el discurso gubernamental sobre transparencia y lucha contra la corrupción.
En lugar de permitir que el juicio avance con todos los insumos necesarios, el gobierno opta por un blindaje político que desplaza el debate del fondo del caso hacia la legitimidad del proceso.
Contexto
El juicio político es una herramienta constitucional diseñada para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Limitarlo mediante maniobras políticas no absuelve responsabilidades: las traslada.
El intento de salvar a Mario Godoy puede terminar convirtiéndose en un punto de inflexión que marque al gobierno como responsable de debilitar el control político en Ecuador. Fin
