Quito, Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2018-2023), afirmó el martes que la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de argumentos para la acusación contra su defendido de presunto peculado.

«La Fiscalía no tiene argumentos para endilgarle delito alguno al exvicepresidente Jorge Glas», dijo Villegas a medios locales en el primer día de la audiencia de juicio por el caso denominado «Reconstrucción de la provincia de la provincia de Manabí» tras el terremoto que asoló la costa ecuatoriana en 2016.
Según la FGE, los 11 proyectos priorizados por el Comité de Reconstrucción, donde existirían indicios de responsabilidad penal, dejaron un perjuicio al Estado de más de 225 millones de dólares.
El abogado señaló que para que exista peculado deben darse dos condiciones: ser funcionario público y tener la facultad de disponer de los medios públicos en razón de su cargo, pero ninguno de los proyectos fueron firmados por Glas.
En este caso fue implicado también Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí.
La entidad pública señaló que tanto Glas como Bernal habrían abusado del dinero público, recaudado por el Gobierno de Rafel Correa (2007-2017) a través de la «Ley de solidaridad».
Ambos exfuncionarios supuestamente habrían beneficiado a contratistas y fiscalizadores, en lugar de atender las necesidades más urgentes de los afectados por el mencionado evento telúrico.
«No se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto y en su lugar se destinaron los fondos para la construcción de otras obras no contempladas en esa categoría», señala el alegato.
Entre esas obras no prioritarias estarían el Parque Las Vegas, el Proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta y otros nueve proyectos investigados, en los cuales presuntamente se beneficiaron intereses particulares por la asignación y firma de contratos, así como por contratos complementarios y de fiscalización.
Roberto Calderón, defensor de Bernal, dijo que todas las obras señaladas en la denuncia fueron ejecutadas, por lo que no cabe un delito de peculado.
Glas acudió a la Corte Nacional de Justicia personalmente pese a que su defensa había solicitado que la audiencia sea telemática por la condición psiquiátrica del imputado, quien padece depresión grave, con un cuadro de ansiedad y un riesgo elevado de un posible intento de suicidio, según un examen practicado.
Antes de este proceso judicial, Glas cumplió más de seis años de una pena acumulada por dos procesos por presunta corrupción y pudo salir de la cárcel mediante el régimen de pre-libertad (con requisitos).
Al ser llamado a este nuevo proceso ingresó a la embajada mexicana para solicitar protección al alegar una presunta «persecusión política».
Días después recibió el asilo del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero antes de poder viajar a México, fue capturado el 5 de abril de 2024 por la fuerza pública dentro de la embajada de ese país en Quito.
Posteriormente, el exfuncionario fue conducido a la cárcel de máxima seguridad conocida como «La Roca», en el suroeste del país, donde ya intentó quitarse la vida tras su encarcelamiento y ha denunciado tratos indignos y falta de atención médica especializada, según reportes del Comité Internacional por su liberación.
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