Ecuador vive uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. El brutal asesinato de cuatro menores en Guayaquil, tras ser detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas, ha conmocionado al país, desatando una ola de indignación, dolor y exigencias de justicia.
Los niños Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda desaparecieron el pasado 8 de diciembre y, tras días de incertidumbre, se confirmó el atroz crimen que sacudió a la nación. La implicación directa de 16 militares en el caso ha puesto en evidencia la pérdida de valores y el espíritu de cuerpo que reina en ciertas instituciones del Estado, así como la inacción y el silencio del gobierno de Daniel Noboa.
Antonio Arroyo, tío de Ismael y Josué, denunció que el presidente Noboa tenía conocimiento del crimen antes de que se revelara públicamente. «Es inaceptable que se haya escondido la información hasta la audiencia de formulación de cargos», expresó.
Las reacciones han sido contundentes:
- Pabel Muñoz, líder político, aseguró: “Ecuador está de luto y muy indignado. Hemos tocado fondo. Este crimen exige verdad, memoria y justicia”.
- Mónica Velásquez, periodista, condenó la indolencia del Estado: “Vivimos en un país tomado por las mafias, donde la vida pesa menos que el silencio”.
- Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, expresó su dolor: “Estamos en la mierda. Nada calmará el dolor de los padres ni borrará la marca de asesinos a los responsables”.
- Iván Sierra, consultor, llamó a la acción: “Espero que no nos cansemos nunca de gritarles ‘asesinos’ a toda la cadena de mando. Nada que celebrar hoy”.
- Sebastián Meilieres, ciudadano y padre, agregó: “Hoy todos somos padres de Saúl, Josué, Steven e Ismael. El dolor será eterno, pero la justicia debe prevalecer”.
Mientras la ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes, el gobierno de Noboa enfrenta su prueba más difícil. Este crimen atroz ha dejado una marca imborrable en la conciencia nacional y ha evidenciado, una vez más, la fragilidad del sistema de justicia y la falta de liderazgo para enfrentar la violencia y la impunidad.
FIN