Quito, 11 de junio de 2025. – El abogado especializado en Energía y Recursos Naturales, Stevie Gamboa, advirtió que el tratamiento del Estado ecuatoriano al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair evidencia un patrón de maltrato estructural y sistemático hacia los inversionistas extranjeros en el país.
“En Ecuador somos históricamente muy malos para tratar a la inversión extranjera. Coca Codo Sinclair no es la única prueba; lo son también los numerosos arbitrajes internacionales en sectores como el petrolero, energético, minero y de obra pública”, afirmó Gamboa en una entrevista con Confirmado.net.
Para el jurista, el problema trasciende lo técnico o contractual: es esencialmente político. Sostiene que la politización de decisiones técnicas ha provocado debates “infértiles”, como cuestionar si Coca Codo Sinclair debía construirse, a pesar de su aporte vital de 1.500 MW al sistema eléctrico nacional.
“No puede ser que alguien discuta si Coca Codo Sinclair debía construirse o no. Era una obra imperativa. Nos ha salvado durante años de comprar energía. Sin esos 1.500 MW, no habríamos tenido apagones de 14 horas, sino de 16, de 20… quizá un día entero sin luz”, sentenció.
Gamboa también cuestionó el rol de la Contraloría General del Estado, acusándola de extralimitarse en funciones técnicas y de generar inseguridad jurídica: “¿En qué país la Contraloría, que no tiene formación técnica, evalúa si un foco ilumina bien o mal? Su función es cuidar el uso de los recursos públicos, no hacer auditoría técnica operativa.”
El abogado criticó además la demora en la recepción oficial del proyecto por parte del Estado, etapa fundamental para exigir técnicamente las correcciones necesarias. “Solo una vez recibida la obra es posible exigir con certeza las correcciones. Y si hay preocupación por la operación, lo lógico sería que el contratista la asuma y se haga cargo del riesgo y las inversiones que ello conlleva.”
Finalmente, Gamboa instó a redefinir el rol del Estado en el sector energético. “El negocio de un país no es producir energía, sino garantizar soberanía energética: energía de calidad, disponible y a precio razonable, la opere quien la opere.”
Para alcanzar esta soberanía, propuso tres claves: garantizar seguridad jurídica para atraer inversión, asegurar la estabilidad de las políticas públicas sin importar el cambio de gobiernos, y lograr una tarifa competitiva que equilibre generación, transmisión y distribución con lo que paga el usuario.
