La reciente decisión de retirar el personal de seguridad asignado a Luisa González, candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, ha desatado una ola de críticas y preocupaciones tanto a nivel local como internacional.
A través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, González alertó sobre esta medida, que considera una grave amenaza para su seguridad personal y la de su familia, justo en un momento crítico del proceso electoral.
Amenazas previas y seguridad oficial
Desde el inicio de su campaña, Luisa González ha enfrentado un contexto de violencia política alarmante. Ha recibido múltiples amenazas que, según reportes, incluyen intentos de atentado que están actualmente bajo investigación de la Fiscalía.
Debido a estas circunstancias, se le había asignado un equipo especializado de seguridad militar, diseñado para proteger a la candidata ante el peligro inminente.
Sin embargo, el abrupto retiro de esta protección, sin ninguna explicación pública ni coordinación, ha generado un profundo malestar.
González no considera esta medida como un simple cambio logístico. En sus propias palabras, indicó que “no es un cambio, es un riesgo”.
Su declaración subraya la seriedad de la situación, donde la integridad de un candidato a la presidencia está en juego en un clima de creciente violencia.
La falta de medidas adecuadas para salvaguardar su seguridad plantea interrogantes sobre el compromiso del Estado hacia la protección de sus figuras políticas y la democracia en general.
¿Reculó el ministerio de Defensa?
En medio de la controversia, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado donde afirmaba que los 58 militares y 12 vehículos asignados a la seguridad de González seguían disponibles.
Además, indicaron que el personal de inteligencia y fuerzas especiales estaba “altamente capacitado” para protegerla.
Sin embargo, muchos interpretaron este comunicado como un intento de desmentir la denuncia de la candidata, lo que ha conducido a confusiones y a la crítica de que se trata de una “verdad a medias”.
El expresidente y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, en respuesta a la situación, validó la preocupación de González, señalando que la reacción del gobierno era resultado de la presión internacional.
Esta dinámica evidenciada en las palabras de Correa ilustra cómo las decisiones gubernamentales pueden ser influenciadas por percepciones externas, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre la seguridad en tiempos electorales.
Ausencia de claridad sobre el personal de seguridad
La ausencia de un pronunciamiento oficial claro sobre el tema ha sido objeto de críticas.
El ex vicecanciller Fernando Yépez Lasso cuestionó la falta de respuesta por parte de instituciones clave, como el Ministerio de Defensa y el Consejo Nacional Electoral.
“Esto atenta contra el proceso electoral. Es otro vergonzoso escándalo para el país”, sentenció el diplomático.
Esta falta de comunicación genera un vacío que puede llevar a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de salvaguardar la democracia.
Por su parte, el politólogo Agustín Burbano de Lara hizo eco de la preocupación general al recordar el trágico asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023.
Su advertencia resalta que acciones irresponsables en contextos de violencia pueden tener consecuencias fatales, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema político actual.
Preocupación internacional y pronunciamientos políticos
La decisión de retirar el equipo de seguridad ha resonado profundamente más allá de las fronteras ecuatorianas.
Clara López Obregón, integrante de la Internacional Progresista y observadora electoral, expresó su preocupación, argumentando que situaciones de este tipo son inaceptables en un proceso democrático, especialmente a tan solo dos días de las elecciones presidenciales.
Además, la asambleísta Sofía Espín Reyes también ha alzado su voz, instando a los observadores internacionales a emitir una alerta global, enfatizando que la falta de seguridad otorgada por las Fuerzas Armadas pone en grave riesgo la vida de González.
Las reacciones no se limitaron únicamente a declaraciones; también han levantado banderas rojas en organismos de observación electoral, quienes han comenzado a monitorear de cerca esta situación, reconociendo su potencial impacto en el proceso electoral.
“El Comando Conjunto ha tomado partido”
El jurista Washington Andrade lanzó una crítica aún más contundente, describiendo la actuación de las autoridades militares como “grave”.
Según Andrade, el Jefe del Comando Conjunto parece haber tomado partido en esta situación, utilizando el aparato militar como herramienta de presión política.
Este tipo de intervenciones plantea un riesgo significativo para la democracia, tornando la acción del gobierno aún más cuestionable.
No hay confianza en las instituciones
La actuación del gobierno en lo que respecta a la seguridad de Luisa González refleja no solo una crisis de confianza en las instituciones, sino también un desafío fundamental para la democracia ecuatoriana.
Las alarmas han sonado, y es crucial que se tomen medidas inmediatas para garantizar la protección de todos los candidatos en el marco de un proceso electoral.
La seguridad no debe ser un lujo, sino un derecho fundamental que cada individuo tiene, especialmente aquellos que se postulan para liderar. La situación actual demanda atención y acción, para que nunca más se repita la historia de la violencia política.
