Lago Agrio, Ecuador – El reconocido abogado y activista Pablo Fajardo, al frente del Grupo de Afectados de la Amazonía por Chevron (UDAPT), volvió a alzar su voz para demandar justicia y reparación para las comunidades que padecen los efectos de la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.
Las declaraciones de Fajardo, difundidas recientemente, recuerdan que el diferendo entre los pueblos amazónicos y la petrolera Chevron tiene raíces que se remontan a varias administraciones anteriores, incluyendo los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad, cuando se empezaron a gestar las controversias legales y ambientales en la región.
El representante del Grupo de Afectados de la Amazonía por Chevron (UDAPT), cuestionó la reciente decisión de un Tribunal Arbitral de la Haya, que ordena al Estado ecuatoriano pagar USD 220 millones a favor de Chevron por la ejecución de la sentencia emitida en Ecuador en 2011. La resolución internacional, que refuerza la posición de la petrolera, fue rechazada de forma enfática por las comunidades amazónicas afectadas.
Fajardo recordó que el conflicto ambiental con Chevron no es reciente, sino que se remonta a las décadas de 1990 y 2000, durante los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad, cuando se consolidaron los primeros procesos legales y controversias sobre la operación de Texaco —posteriormente adquirida por Chevron— en la Amazonía ecuatoriana.
Según el abogado, la disputa refleja una lucha prolongada por justicia ambiental:
“Este conflicto lleva más de 30 años. La contaminación dejó daños irreversibles en la Amazonía y en la vida de miles de familias. No aceptamos que se premie a Chevron mientras nuestras comunidades siguen esperando reparación”, señaló.
El Grupo de Afectados rechaza que, mientras una corte internacional favorece a la petrolera, las víctimas directas continúan sin recibir restauración ambiental, atención en salud ni compensación por décadas de contaminación. Para Fajardo, la decisión de La Haya profundiza la desigualdad jurídica entre corporaciones multinacionales y pueblos vulnerables.
El dirigente insistió en que la sentencia ecuatoriana de 2011 —que ordenó a Chevron pagar miles de millones en reparación ambiental— respondió a la evidencia científica y comunitaria sobre los daños provocados, y subrayó que la lucha por justicia seguirá pese a los reveses internacionales:
“La Amazonía no puede ser olvidada ni sacrificada. Exigimos reparación integral y respeto a la sentencia emitida en Ecuador”, afirmó. Fin
