Quito, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero de Ecuador (FNA), organización de la sociedad civil, denunciaron el martes que la fuerza pública reprimió a comuneros de la municipalidad Las Naves, provincia de Bolívar(centro), y a quienes impedían el ingreso de maquinaria para la explotación minera y responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por las vidas de los manifestantes.
«Denunciamos la represión violenta contra las comunidades campesinas de Las Naves que resisten desde hace más de un mes al proyecto minero Curimining, vinculado al Grupo Nobis del presidente Daniel Noboa», dijo la Conaie en su cuenta de la red social X.
En la denuncia a través de las redes digitales, la organización indígena indicó que policías fuertemente armados intentaron desalojar a la comunidad de La Unión, dejando varias personas heridas.
Según las fotografías, dos personas presentan heridas a causa de la respuesta de la fuerza pública, un joven de 20 años que recibió un disparo en la cabeza y una mujer a quien le dispararon en un hombro.
La Conaie denunció que «esta acción, ordenada por el Gobierno y en complicidad con la empresa, busca callar la legítima protesta de quienes defienden el agua, el territorio y la vida frente a la devastación minera».
Además, responsabilizó al Gobierno por la agresión y exigió cesar la violencia en los territorios indígenas y campesinos.
Por su parte, el FNA indicó por su parte en su usuario de la red social X que fueron desplegados 500 uniformados por orden de la empresa minera Curimining y del Gobierno.
Según la misma organización de la sociedad civil, Curimining tiene por socio al Grupo Nobis, fundado por la empresaria Isabel Noboa, tía del jefe de Estado.
Además, en un comunicado esta organización denunció que «la grave represión policial» contra las familias del cantón Las Naves se prolonga ya por más de un mes.
«Responsabilizamos al Gobierno de Noboa por la integridad de las personas heridas», señala el texto.
El Frente Antiminero señaló que nunca se consultó a los habitantes sobre dicho proyecto minero, como lo señala la Constitución vigente en el país, de 2008, lo cual afecta la actividad económica, agrícola, ganadera y turística en la zona.
Tras los sucesos registrados durante esta jornada, el Gobierno no se había pronunciado al respecto, ni la fuerza pública.
Confirmado.net – Sputnik
