A menos de un mes para la segunda vuelta electoral, el Gobierno de Daniel Noboa enfrenta una creciente controversia por su manejo del reciente derrame petrolero en la provincia de Esmeraldas.
Este desastre ecológico, causado por la rotura del oleoducto SOTE el 13 de marzo, ha generado un serio cuestionamiento público y político, poniendo en jaque la credibilidad de su Gobierno en un momento crítico.
Cambios en la versión oficial
Con la proximidad de las elecciones presidenciales, el gobierno de Daniel Noboa ha mostrado una notable vacilación en torno a las causas del derrame.
Inicialmente, la ministra de Energía, Inés Manzano, atribuyó el desastre a las condiciones meteorológicas adversas, concretamente a las intensas lluvias.
Sin embargo, conforme se ha acercado la fecha del balotaje, esta versión ha sido objeto de modificaciones y ajustes.
Este cambio en la narrativa gubernamental parece estar vinculado a la presión política y electoral que enfrenta Noboa.
Especialmente cuando su rival y favorita, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, lidera las encuestas con un sólido 52,9% en la intención de voto, según los más recientes datos sondeados por la firma Tres Punto Zero.
La contradicción del Gobierno en este tema podría interpretarse como un intento de minimizar el impacto negativo de la situación en la ya desgastada imagen de Noboa.
Luisa González: la figura
La candidata Luisa González, en medio de esta campaña ha sido crítica de la gestión del Gobierno frente al desastre, destacando la necesidad de un liderazgo que priorice el bienestar del país y la protección del medio ambiente.
“Ecuador necesita un gobierno de gente que trabaje, no un show de culpables imaginarios. Nunca es su culpa, nunca se responsabilizan, nunca se hacen cargo. ¡Qué vergüenza!”, escribió González en su cuenta de X.
González y otras figuras militantes de la Revolución Ciudadana han cuestionado que el Gobierno no asuma sus responsabilides frente a otros problemas que también hacen más difícil la vida a los ecuatorianos, como la crisis energética y los apagones de 2024.
La vacilación y los cambios en la versión oficial sobre las causas del desastre reflejan una tensión palpable, más allá de la negligencia en la gestión de la crisis y la estrategia política para enfrentarla del Gobierno de Noboa.
Un desastre de gran magnitud
El derrame en Esmeraldas es considerado uno de los problemas ambientales más severos que ha enfrentado Ecuador en los últimos años.
De acuerdo con el informe técnico oficial, fechado el mismo día del incidente, se produjo un deslizamiento masivo de aproximadamente 225 mil metros cúbicos de tierra en una montaña de la zona El Vergel, cantón Quinindé, parroquia Cube, en la provincia de Esmeraldas.
Este deslave causó el colapso parcial del oleoducto SOTE, lo cual derivó en una fuga significativa de petróleo.
Las consecuencias de este accidente han sido devastadoras: ríos y playas contaminadas, afectaciones graves a la flora y fauna local, así como perjuicios a la agricultura y al turismo.
Además, alrededor de 500 mil personas quedaron sin acceso a agua potable, exacerbando aún más la situación de crisis en la región derivada de la recesión en la que se encuentra el país.
Estos factores resaltan la gravedad de la situación y la urgente necesidad de una respuesta responsable más alla de intereses electorales por parte del Gobierno de Noboa.
