SANTIAGO – El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves 11 por amplia mayoría la previsible “condena enérgica” a la violenta incursión policial que el gobierno de Ecuador ordenó contra la embajada de México en Quito para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La resolución, que en su séptimo acápite exhortó al diálogo a ambos gobiernos para superar el conflicto “de manera constructiva”, fue calificada por la revista digital quiteña La Palabra Abierta, como una muestra de la “diplomacia del colchón” (amortiguar la conflictividad) habitual de la OEA, en un momento en que numerosos hechos dan cuenta del quizás peor momento de las relaciones latinoamericanas e incluso interamericanas.
Allá por 1954, en los actos cívicos del lunes en las escuelas públicas chilenas junto al himno nacional se solía cantar también a coro El himno de las Américas, cuya primera estrofa dice: “Un canto de amistad, / de buena vecindad, / unidos nos tendrá eternamente, / por nuestra libertad, por nuestra lealtad, / debemos vivir gloriosamente”.
Mientras las infantiles voces cantaban con entusiasmo, en Guatemala el gobierno de los Estados Unidos organizaba el golpe que derrocó al presidente Jacobo Arbenz y en general en el hemisferio se multiplicaban las dictaduras militares que acompañaban a Washington en sus cruzadas anticomunistas bajo el sello de la Guerra Fría.
Pese a los avatares de las democracias latinoamericanas durante el siglo XX, en las últimas décadas el continente americano pudo exhibir una “buena vecindad” con disputas menores entre Estados, resueltas por arbitrajes y negociaciones, en contraste con otras áreas del planeta escenarios de continuos conflictos armados.
Más polarización, menos libertades
Esa buena vecindad está haciendo agua por la esfera diplomática y contrariando el himno americano se expresa en atentados a las libertades, donde los derechos humanos retroceden paulatinamente, sofocados por gobiernos autoritarios, así sean emanados de las urnas, que atropellan el derecho internacional para subordinarlo a intereses internos o apuestas geopolíticas, en un cuadro de creciente polarización latinoamericana.
La violenta invasión policial a la embajada mexicana en Quito la noche del viernes 5, con los vejámenes al encargado de negocios Roberto Canseco, fue el chaparrón que rebalsó el vaso. El derecho de asilo, una de las instituciones más caras del derecho internacional, si bien registraba episodios anteriores de conflicto en la región, nunca había sido violentado de forma tan abierta.
El único voto en contra de la resolución de la OEA fue el de Ecuador, cuyo presidente, Daniel Noboa, mostró una singular disposición a normalizar las hoy rotas relaciones con México, manifestando que no revocará el secuestro del exvicepresidente Glas, porque “la justicia no se negocia”.
La actitud desafiante del joven mandatario derechista fue calificada desde Bruselas por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) como una maniobra de política interna de cara al referéndum programado para el 21 de este mes, donde Noboa propone la militarización de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo y amplía las atribuciones para tipificar y combatir actos de corrupción, entre otras materias.
Noboa parece encaminar a Ecuador a un símil de El Salvador de Nayib Bukele, sintomáticamente el único gobierno que se abstuvo en la votación del Consejo Permanente de la OEA y que, contrariamente al resto de los estados americanos, no condenó el atropello al derecho de asilo y la invasión policial de la embajada mexicana en Quito.
Bukele es la mayor expresión en América Latina del lawfare, un término anglosajón que tiene una imprecisa traducción al español como “guerra jurídica” y alude a persecuciones judiciales basadas en la imposición arbitraria de legislaciones a través de órganos legislativos y judiciales controlados por un gobierno de turno o, en menores casos, por su oposición política, generalmente de derecha.
El incremento del crimen organizado y el narcotráfico a manos de pandillas, carteles y mafias de expansión regional ha sido el argumento para imponer este tipo de legislaciones, que se traducen en un lawfare cuando sirven asimismo a los gobiernos para proscribir o defenestrar adversarios políticos con argumentos de defensa de la soberanía contra conspiraciones.
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