Tras eliminación de la subvención al diésel, aún faltan cambios para alinearse al pedido del organismo
Aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha mencionado que la eliminación del subsidio al diésel se da para redirigir los recursos a sectores vulnerables, lo cierto es que, en el acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se plantea reducir gastos “ineficientes” del Estado.
Te puede interesar Alimentos en Guayaquil: ¿Están aumentando los precios en los mercados de la ciudad?
Una sugerencia dada dentro del Acuerdo de Financiamiento Ampliado con Ecuador, para mejorar la situación fiscal entre 2025 y 2028, que incluye un crédito por $5.000 millones, con metas que se deben cumplir para recibir los desembolsos.
Antes de reducir el subsidio al diésel, el Gobierno ya había modificado el esquema de fijación de precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, para disminuir las subvenciones que recibían. También se había iniciado un proceso de despidos de 5.000 funcionarios públicos para bajar el gasto estatal; y se había elevado el IVA del 12 al 15 %. Todas estas acciones se alinean a las ‘exigencias’ del FMI para fortalecer la sostenibilidad fiscal.
Pero aún faltan medidas por tomar. En el documento de la segunda revisión del Acuerdo por la ampliación del préstamo, se establecen las reformas clave que el país se compromete a implementar. En total, son 25 medidas exigidas por el FMI, que van desde ampliar la base tributaria; actualizar acuerdos con el IESS; fortalecer la transparencia en empresas públicas; y modernizar el sistema
El economista experto y catedrático, Jorge Altamirano, explica que cuando el FMI habla de “ampliar la base tributaria” se refiere a aumentar impuestos o crear nuevos, para que el Estado recaude más. “Estas recomendaciones van detrás de eufemismos como modernización del Estado, eficiencia y reducción de gastos innecesarios, que terminan afectando el bolsillo del ciudadano”, explica.
Para el analista, estos tipos de requerimientos del FMI, el mismo organismo “que desde hace varios años venía sugiriendo la eliminación de los subsidios de los combustibles”, contradice su objetivo final que es velar por los sectores más vulnerables de la población.
Y es que precisamente otra de las exigencias es crear un plan para completar el registro social que incluya a las familias ubicadas en los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso en todo el país. Este referente busca ampliar la cobertura de programas sociales, asegurando que los hogares más vulnerables estén debidamente identificados y puedan recibir asistencia focalizada.
“Siempre las condiciones del FMI han afectado a grupos vulnerables. Ha pasado casi en todos los países con los que ha hecho acuerdos”, dice Altamirano.
Más información en EXPRESO
