La indignación por el infame asesinato de cuatro niños en Guayaquil vuelve a encenderse en redes sociales y en los movimientos de derechos humanos. Periodistas, activistas y familiares han retomado sus voces para exigir verdad, justicia y reparación por el caso conocido como “Los cuatro de Las Malvinas”, uno de los episodios más graves de violencia estatal de los últimos años en Ecuador.
El caso se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores fueron detenidos por militares en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, durante un supuesto operativo de control en el contexto del “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno. Días después, los niños aparecieron sin vida, con signos de tortura y sus cuerpos incinerados, de acuerdo con la información recopilada por organismos de derechos humanos y la prensa.
Las víctimas —Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), Josué Didier Arroyo Bustos (14), Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15) y Steven Gerald Medina Lajones (11)— eran estudiantes, futbolistas y adolescentes vinculados a actividades comunitarias y deportivas en su barrio. Sus familias y vecinos los han descrito como jóvenes con sueños, alejados de la narrativa que los pretendía estigmatizar como delincuentes.
Desde los primeros días, la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos provocó movilizaciones en Guayaquil y Quito. Colectivos afrodescendientes, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales levantaron plantones frente a la Fiscalía para exigir que el crimen no quede en la impunidad. En una de esas jornadas se levantó un altar con las fotos de Steven, Ismael, Josué y Saúl, acompañado de la consigna de sus familiares: no buscan venganza, exigen justicia.
Un caso emblemático de violencia estatal
La gravedad del hecho llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciara oficialmente. El organismo condenó la desaparición y el posterior asesinato de un niño y tres adolescentes afrodescendientes en Ecuador, señalando la obligación del Estado de investigar de manera diligente, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral para las familias.
En el plano interno, el proceso avanza bajo el nombre de Caso Las Malvinas. La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio contra 17 militares por el delito de desaparición forzada, presuntamente cometida contra los cuatro menores. El 9 de octubre de 2025, estos uniformados fueron llamados a juicio, en un proceso que pone bajo escrutinio la actuación de las Fuerzas Armadas durante los operativos en barrios populares de Guayaquil.
Organizaciones como la Inredh y otras plataformas de derechos humanos han advertido que este crimen no se puede entender de forma aislada. Han cuestionado el Decreto que declaró “conflicto armado interno” y han señalado que esa estrategia de seguridad abrió la puerta a graves violaciones de derechos, especialmente en territorios empobrecidos y racializados como Las Malvinas.
La memoria en redes y el reclamo a las autoridades
En las últimas horas, la conversación digital ha vuelto a poner el caso en el centro. Periodistas, analistas y activistas —entre ellos Orlando Pérez, Daniel Granja y Bessy Granja, entre otros— han utilizado sus cuentas en X para recordar los nombres de los niños, denunciar la brutalidad con la que fueron asesinados y subrayar la responsabilidad del Estado en esclarecer plenamente los hechos y sancionar no solo a los autores materiales, sino también a las cadenas de mando que permitieron y encubrieron la operación.
Los mensajes insisten en varios puntos:
- No se puede “normalizar” que cuatro niños hayan sido detenidos por militares y aparecieran después torturados y calcinados.
- El origen afrodescendiente de las víctimas y la estigmatización histórica del barrio Las Malvinas evidencian un componente de racismo estructural.
- La lucha de las familias, que han debido enfrentar dolor, amenazas y revictimización, merece acompañamiento y garantías de protección.
Al mismo tiempo, organizaciones sociales recuerdan que este caso se suma a otros episodios de violencia estatal y graves violaciones de derechos humanos durante 2024, y piden que no se use el discurso de la “guerra contra el crimen” para justificar ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.
Un símbolo de lo que está en juego
El asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas se ha convertido en un símbolo de lo que está en juego en Ecuador: el límite que nunca debería traspasar un Estado, aun en contextos de crisis de seguridad. La demanda de las familias es clara: verdad completa sobre lo ocurrido, juicio y castigo a todos los responsables, y garantías de no repetición para que ningún otro niño vuelva a sufrir la misma suerte.
Mientras el proceso judicial continúa, la memoria de Ismael, Josué, Saúl y Steven sigue viva en las calles, en los plantones, en los murales de barrio y en las redes sociales. Y la pregunta que se repite, una y otra vez, es la misma: ¿cuándo habrá justicia plena para los cuatro niños de Guayaquil?
Confirmado.net
