El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) a una sesión presencial que se realizará el jueves 8 de enero de 2026, a las 10:00, con el objetivo de conocer y resolver dos solicitudes de juicio político presentadas a finales de diciembre de 2025.
El primer punto del orden del día corresponde a la solicitud de juicio político contra Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura.
El pedido fue impulsado por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC): Rebeca Viviana Veloz Ramírez, Raúl Arturo Chávez Núñez del Arco, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Franklin Omar Samaniego Maigua y Julio Vicente Patricio Xavier Lasso Mendoza el 29 de diciembre de 2025.
El segundo punto contempla la solicitud de enjuiciamiento político contra cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Andrés Xavier Fantoni Baldeón, presidente del organismo; Johanna Ivonne Verdezoto del Salto; Jazmín Lilibeth Enríquez Castro; David Alejandro Rosero Minda; y Piedad del Rocío Cuarán Rosero, también el 29 de diciembre.
La convocatoria se sustenta en lo dispuesto en los artículos 12 numeral 3, 15 y 20 numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional, el CAL deberá calificar si las solicitudes cumplen con los requisitos legales para su admisión a trámite y, de ser el caso, remitirlas a la Comisión de Fiscalización.
Estos pedidos se inscriben en un contexto de tensiones políticas relacionadas con la designación y gestión de autoridades en la Función Judicial y en el CPCCS, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de selección y posibles injerencias.
La sesión se desarrollará en la sala del Consejo de Administración Legislativa, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito. En el caso del juicio político contra Godoy, la solicitud se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones, vinculado a las alertas públicas realizadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano.
El magistrado denunció supuestas presiones y amenazas contra su integridad tras la sentencia penal por lavado de activos que condenó a diez años de prisión al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
