Quito, La filtración de unos 9.000 chats extraídos del teléfono celular del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio han puesto en jaque al «establishment» en Ecuador, al exponer presuntos vínculos entre la fiscal general, Diana Salazar, y periodistas, jueces y figuras públicas para manipular la justicia y el escenario político.
«La publicación de los mensajes pone en jaque el establishment en Ecuador porque los medios de comunicación y la ultraderecha que están detrás de estos (manejos) intentaron crear una narrativa de la imparcialidad de la Fiscal General Diana Salazar, quien era su alfil más fuerte en la persecución (a la izquierda)», afirmó a la Agencia Sputnik la abogada Priscila Schettini, integrante del colectivo «Justicia Popular».
La jurista, actualmente candidata a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por el movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), fue una de las primeras en publicar contenido del link digital divulgado en la red social X por un usuario «Anonymus», que anunció los chats de Villavicencio.
Schettini señaló que, una vez analizados estos textos, se confirman hechos que podrían tipificarse como delitos, como son tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, filtración de información reservada, prevaricato y fraudes procesales.
Según explicó, los protagonistas de estos chats utilizaron a los medios de comunicación afines para difundir informaciones manipuladas como una de sus principales armas, y crear así una narrativa que se anticipaba a la sentencia de los juzgados en varios casos en investigación por la Fiscalía General del Estado (FGE), e incluso a cómo quedaría la votación de los jueces.
Tras las primeras revelaciones, la FGE se adelantó a señalar que estas conversaciones eran falsas, porque el teléfono del excandidato permanecía bajo custodia del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI).
En cambio, varios actores políticos y periodistas han declarado públicamente que en este listado de chats aparecen conversaciones idénticas sostenidas entre ellos y el político, básicamente desde su función de presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.
LOS CHATS APUNTAN A LA FISCAL
Según los chats revelados, la fiscal Salazar tendría un papel protagónico en la filtración de denuncias, partes policiales y expedientes de investigaciones previas, al propio Villavicencio y a otros periodistas de medios locales privados.
«La FGE con su principal autoridad, Diana Salazar, cumple la función que antes cumplían los militares, ser la punta de lanza para perseguir y encarcelar a los opositores del gobierno de derecha, además con el aval y el apoyo de la embajada de EEUU», afirmó la abogada Schettiini.
A su vez, Schettini señaló que el proceso judicial montado contra su esposo, el ex Defensor del Pueblo Freddy Carrión, respondió a una retaliación por la presentación, desde su cargo, de un informe de la Comisión de la Verdad en la que se acusó al Estado ecuatoriano, y al entonces presidente Lenín Moreno, de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas masivas de 2019.
«Estos chats constituyen una evidencia de la falta de imparcialidad y de idoneidad de las autoridades judiciales, especialmente de la Fiscalía, prueban que la fiscal general Diana Salazar negociaba con sectores políticos anticorreistas para (cometer) el «lawfare» (judicialización de la política), y perseguir toda oposición a la derecha», anotó.
Con anterioridad a estas revelaciones, el exparlamentario Ronny Aleaga reveló conversaciones con Salazar en las que ella habría revelado igualmente información de procesos en investigación previa.
INFORMACIÓN PÚBLICA
La revelación de los presuntos chats trajo consigo un debate al interior de la sociedad ecuatoriana, en torno a la ética de su publicación, al poner en entredicho la reputación de una figura pública como Villavicencio, quien fue baleado al salir de un mítin en la campaña electoral de 2023.
Un sector reniega esta publicación, por considerar que va en detrimento de la reputación del fallecido, mientras otro defiende que se trata de información pública al confirmar las presunciones de cómo se mueven los hilos tras el poder relacionados con asuntos de la política nacional.
La abogada Schettini ha defendido el argumento de que deben conocerse estos diálogos al argumentar que se trata de información pública.
«Es pública (esta información de los chats) porque está integrada en un proceso penal público», sentenció, en alusión a la investigación del crimen del excandidato.
A su juicio es importante que la ciudadanía conozca el contenido de los chats para que pueda contrastar con la «narrativa engañosa que los medios de comunicación han intentado imponer».
La jurista sostuvo que la revelación de esta mensajería demuestra de manera precisa que se trata de un intento claro de la derecha de ejercer el poder para eliminar a sus enemigos políticos a través del «lawfare».
«Con los chats queda claro que el sistema de justicia, los grandes medios de comunicación y la Fiscalía y los gobiernos de derecha están totalmente involucradas en destruir a una opción política (de izquierda), a defensores de derechos humanos, activistas sociales o simplemente a ciudadanos que denuncien las injusticias de las autoridades del país», agregó.
Las interacciones difundidas revelarían la influencia de Villavicencio en círculos de poder para obtener dinero a fin de financiar publicaciones en medios de comunicación y en el suyo propio, y presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según ha trascendido, en los chats se reflejarían supuestos nexos del gobierno del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) con el narcotráfico, sin que se tomara acción al respecto.
Entre las interacciones entre Villavicencio y Salazar y otros actores políticos se revelaría también la amenaza de la fiscal con allanamientos al Consejo Nacional Electoral durante las elecciones de 2021, tras una alerta de fraude tras la primera vuelta, en la que se disputaron el paso hacia la segunda vuelta Lasso y el candidato Yaku Pérez.
En tanto, la legisladora Sofía Espín (RC) ha solicitado a la Asamblea Nacional y a la propia Fiscalía investigar estos diálogos y la urgencia de investigar los graves delitos que se vislumbran.
Con información de Agencia Sputnik
