Ecuador llega a 2026 en un escenario de deterioro simultáneo en seguridad, institucionalidad y garantías democráticas. Así lo refleja un informe publicado el 4 de febrero de 2026, que advierte sobre el avance del crimen organizado, el uso de medidas excepcionales por parte del Estado y las crecientes alertas internacionales por derechos humanos e independencia judicial.
Un país bajo presión multidimensional
El informe evidencia que Ecuador atraviesa una fase crítica marcada por la expansión del crimen organizado y una respuesta estatal que ha priorizado instrumentos extraordinarios. Este enfoque, lejos de estabilizar el territorio, ha profundizado tensiones institucionales y generado impactos directos sobre derechos humanos y el Estado de derecho.
La situación resulta especialmente sensible si se considera que Ecuador fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2026–2028, lo que incrementa el nivel de escrutinio internacional sobre la actuación del Estado.
INFORME MUNDIAL 2026 DERECHOS HUMANOS HRW
Seguridad y crimen organizado: violencia en ascenso
Tras una reducción parcial registrada en 2024, los homicidios aumentaron cerca del 40 % hasta septiembre de 2025, ubicando a Ecuador entre los países con mayores niveles de violencia letal de su historia reciente.
Lejos de debilitarse, el crimen organizado se ha fragmentado, incrementando en más de 50 % el número de pandillas entre 2023 y 2024. Aunque las denuncias por extorsión descendieron en 2025, los niveles siguen siendo críticos, lo que sugiere subregistro y temor ciudadano.
Lectura estratégica: el enfoque militarizado no ha logrado estabilizar el territorio y ha generado nuevos focos de conflicto.
“Conflicto armado interno” y derechos humanos
Desde enero de 2024, el Ejecutivo ha invocado reiteradamente la figura de “conflicto armado interno” para justificar la suspensión de garantías constitucionales, una interpretación que ha sido cuestionada por la Corte Constitucional.
El informe documenta graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, entre ellas:
- ejecuciones extrajudiciales,
- desapariciones forzadas,
- detenciones arbitrarias,
- malos tratos.
Un caso emblemático es el proceso judicial contra 17 militares por la desaparición forzada de cuatro niños en Guayaquil.
Lectura estratégica: existe un riesgo de normalización de la excepcionalidad, con costos políticos y diplomáticos a mediano plazo.
Fragilidad institucional y justicia
La independencia judicial emerge como uno de los puntos más sensibles del escenario ecuatoriano. Jueces y fiscales operan sin condiciones mínimas de seguridad, en un entorno de intimidación creciente.
Durante 2025 se registraron ataques directos contra operadores judiciales, incluidos intentos de asesinato. A ello se sumaron movilizaciones promovidas desde el Ejecutivo contra la Corte Constitucional y declaraciones que calificaron a sus jueces como “enemigos del pueblo”, lo que activó alertas de organismos como la ONU y la CIDH.
Lectura estratégica: la justicia se ha convertido en un eje central de observación internacional.
Democracia y gobernabilidad en tensión
El intento del Ejecutivo de impulsar una Asamblea Constituyente sin control constitucional fue finalmente contenido por el sistema electoral y la Corte Constitucional. Posteriormente, el referéndum de noviembre de 2025 rechazó propuestas clave del gobierno.
Lectura estratégica: los resultados evidencian desgaste político y límites claros al margen de maniobra institucional del Ejecutivo.
Dimensión social y económica relegada
El informe advierte que:
- el 24 % de la población vive en pobreza,
- más del 50 % trabaja en la informalidad,
- el sistema de salud enfrenta una crisis estructural, con riesgo en servicios críticos como diálisis,
- cerca del 14 % de la población sufre desnutrición.
Lectura estratégica: la agenda de seguridad ha desplazado la atención a problemas sociales estructurales que alimentan la violencia.
Grupos vulnerables en mayor riesgo
Las afectaciones son sistemáticas sobre:
- niños y adolescentes, con aumento de homicidios y reclutamiento forzado;
- mujeres y niñas, con incremento de la violencia letal y restricciones a derechos reproductivos;
- pueblos indígenas, por conflictos petroleros y el incumplimiento del mandato Yasuní-ITT;
- periodistas y sociedad civil, que denuncian hostigamiento y uso abusivo de herramientas legales.
Implicaciones diplomáticas
El ingreso de Ecuador al Consejo de Derechos Humanos de la ONU eleva de forma significativa el escrutinio internacional. La acumulación de alertas sobre justicia, derechos humanos y libertad de expresión podría derivar en:
- mayor presión multilateral,
- condicionamientos en cooperación internacional,
- afectación reputacional del Estado ecuatoriano.
Conclusión
Ecuador enfrenta una crisis multidimensional, donde la seguridad ha sido abordada mediante instrumentos extraordinarios que debilitan el Estado de derecho. El principal riesgo no es únicamente la violencia, sino la erosión institucional sostenida en un contexto de alta polarización política.
📌 Riesgo político-institucional: Alto
📌 Riesgo reputacional internacional: Medio–Alto
📌 Escenario 2026: Volátil, con alta observación externa
