
El Ecuador parece reafrimar cada vez más su postura de aislamiento de la comunidad internacional.
Y es que la Justicia ecuatoriana rechazó el habeas corpus correctivo que incluisa dos de los aspectos establecidos en la ampliación de medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del ex vicepresidente Jorge Glas.
«Este es un atropello no solamente a la constitución ecuatoriana sino al derecho internacional y pone en gravísimo peligro a la vida, la integridad personal y la salud del ex vicepresidente Jorge Glas”, expresó Sacha Llorenti, coordinador general del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas.
Llorenti precisó que el juez Manuel Peña estuvo de la audiencia desarrollada en la unidad judicial especializada de garantías penitenciarias de Coyaquil, en la que se negó nuevamente el recurso de habeas corpus planteada por la defensa de Glas.
“Esta decisión judicial va en contra de la propia ampliación de medidas cautelares publicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 10 de febrero, sin ningún argumento”, enfatizó Llorenti.
Medidas vinculantes sobre Glas
De esta forma, Ecuador desconoce el carácter vinculante de las medidas emanadas de la CIDH, sobre lo cual Llorenti destacó que «lamentablemente el juez Peña dijo que las únicas medidas que son obligatorias son las medidas provisionales que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En ese sentido, anunció que se insistirá ante la CIDH para que de forma inmediata se proceda ante la Corte Interamericana para solicitar “medidas provisionales para garantizar que Jorge Glas pueda ser hospitalizado y que sea transferido de la cárcel de La Roca en Guayaquil”.
El pasado 10 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares para Glas, quien permanece en la cárcel La Roca en Guayaquil desde el 6 de abril pasado.
Entre sus decisiones, el organismo interamericano insta, entre varios puntos, a que se traslade inmediatamente a Glas a otro centro carcelario del país, y establece una docena de características y condiciones para la detención.