Por Manuel F. Díaz


En una entrevista concedida a teleSUR este lunes, el expresidente Rafael Correa interpretó el resultado de la consulta popular celebrada el domingo 16 de noviembre como una señal inequívoca de rechazo ciudadano al Gobierno de Daniel Noboa.

Para el líder del movimiento Revolución Ciudadana, el pronunciamiento en las urnas representa un punto de inflexión que cuestiona la legitimidad política del Ejecutivo y reconfigura el tablero de fuerzas de cara a los próximos meses.

Rechazo a la agenda gubernamental

Correa enmarcó la consulta como un referendo sobre la gestión y las prioridades del Gobierno. En su lectura, el electorado “se convirtió en el opositor más férreo” a lo que describe como proyectos “privatizadores y entreguistas”.

“¿Cómo se explica que, tras una victoria presidencial abrumadora —entre comillas—, se pierda abrumadoramente una consulta popular?”, cuestionó, aludiendo a una supuesta disonancia entre los resultados electorales previos y el desenlace de la jornada de este domingo.

Según el exmandatario, el veredicto ciudadano no solo desautoriza iniciativas del Ejecutivo, sino que también desnuda el desgaste político del presidente a menos de un año de su llegada al poder.

Fraude y sostén de poder

Correa además consideró que el resultado de la consulta popular refuerza la tesis de que el actual mandatario fue electo a través de un proceso fraudulento en 2024.

“Eso es evidente, que nunca tuvo el porcentaje que le dieron los resultados oficiales en abril 13 y que todo fue un fraude. Todo el mundo sabe que hubo fraude. La discusión es cómo lo hicieron”, ´puntualizó.

Además, acusó a la oligarquía, a “ciertas cúpulas, militar y religiosa” y a Estados Unidos de ser los pilares que, a su juicio, mantienen a flote al Gobierno de Daniel Noboa.

Correa advirtió que, en un contexto de manipulación y deshonestidad de parte del actual gobierno, la ciudadanía respondió en las urnas con un voto de castigo.

“Cuando se está en esas circunstancias, incluso ante preguntas obvias, la respuesta es no, porque se rechaza al gobierno manipulador”, dijo.

La Constitución de 2008, “la gran ganadora”

Otro eje de su intervención fue la defensa de la Constitución de 2008. Correa sostuvo que la consulta terminó por reafirmar ese marco constitucional, aprobado hace 17 años, al que definió como “una de las cartas magnas más avanzadas” y “un marco para el buen vivir”.

“La gran ganadora es la Constitución de 2008”, remarcó, atribuyendo el resultado a un rechazo a intentos de “privatizar y rifarse el país”, añadió.

El exmandatario recordó que Ecuador ha atravesado una historia de inestabilidad institucional con “más de 20 constituciones en 200 años”, pero valoró que la Carta de Montecristi se mantiene como referencia mayoritaria.

Correa no descarta la revocatoria del mandato

Correa también planteó la figura de la revocatoria del mandato como una ruta institucional legítima si el deterioro del Gobierno se profundiza.

“Nuestra Constitución la permite”, subrayó, aunque reconoció que un eventual proceso enfrentaría la influencia de “los medios de comunicación, el poder económico” y apoyos internacionales.

Calificó al actual Gobierno como “un desastre” y argumentó que existe fraude “cuando se traiciona el programa de gobierno”.

Implicaciones políticas y escenario inmediato

El diagnóstico de Correa sugiere tres efectos inmediatos: debilitamiento político del Ejecutivo, fortalecimiento del bloque que respalda la Constitución de 2008 y reactivación del debate sobre mecanismos de control democrático, incluida la revocatoria.

En el corto plazo, se anticipa una pugna discursiva por el sentido del resultado y por la agenda legislativa que derive de él.

La lectura que ofrece Correa posiciona la consulta popular como un antes y un después para el Gobierno de Daniel Noboa: un revés que cuestiona su capital político y reaviva la discusión sobre la legitimidad de su mandato.

En paralelo, reinstala la centralidad de la Constitución de 2008 como paraguas de consenso.

El foco ahora se desplaza a la respuesta del Ejecutivo, a la capacidad de los actores políticos de procesar el mensaje de las urnas y a la evolución de las presiones sociales sobre el corte neoliberal del Gobierno de Noboa, que podrían definir el curso político en Ecuador.

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