Tras años de dilaciones, cambios de fiscales, recusaciones y maniobras procesales, el caso Sinohydro —inicialmente conocido como INA Papers e injustificadamente rebautizado así por la ex Fiscal y actual embajadora en Argentina— ha llegado a una etapa decisiva.
La Corte Nacional de Justicia recibió el dictamen acusatorio de la Fiscalía, que solicita el llamamiento a juicio de 24 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, por presunto cohecho relacionado con la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El conjuez Olavo Hernández en su momento desestimó evidentes razones que podían llevar a la nulidad del proceso. Las pasó por alto nada más.
La audiencia preparatoria, que se ha extendido durante cinco días, ha sido encabezada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien presentó una narrativa detallada sobre la supuesta red de corrupción que habría operado entre 2010 y 2019.
Según la Fiscalía, se habrían canalizado más de 76 millones de dólares en sobornos a través de contratos ficticios y empresas intermediarias, con el objetivo de beneficiar a los acusados, cómplices y allegados.
El conjuez dispuso que la audiencia se reinstale el lunes 22 de septiembre, fecha en la que se espera el inicio formal del juicio.
El caso ha generado una fuerte expectativa pública por la magnitud de los montos involucrados y por el perfil de los acusados. Además de Moreno, figuran su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y el empresario Conto Patiño.
La acusación sostiene que ex funcionarios de la empresa china Sinohydro (que nunca fueron convocados a juicio y cuya defensa pública actúa a ciegas) habrían sido utilizados como vehículo para canalizar pagos ilícitos, en un esquema que involucra actores nacionales e internacionales.
Sin embargo, más allá de los nombres y cifras, el proceso judicial puede ser aprovechado con otros objetivos, como el de volver a críticas politizadas contra Coca Codo Sinclair, que ha demostrado con creces en sus años de operación su potencia, capacidad y generación. Aunque su capacidad instalada y récords de ejecución son reconocidos, el caso Sinohydro podría intentar opacarla como símbolo de corrupción.
El proceso quiere llevarse otras víctimas a su paso. Eduardo Carmigniani ha cuestionado duramente la actitud del Gobierno frente al caso y ha afirmado que se intenta presionar para acciones en su contra lo que desdice de la independencia judicial, algo que en este proceso legal ha sido inexistente.
Al juicio, si se instala como está previsto, el país no lo observará con atención entre tanto hecho que se acumula: el retiro del subsidio al diésel, el estado de excepción el traslado de la sede gubernamental a Latacunga, el anuncio de paro de la CONAIE…
Y en el descuido general, todo podría pasar ante los muchos intereses, incluso geopolíticos, que podría acarrear el proceso que sin razón alguna fue rebautizado quizás para “castigar” a una empresa por su origen y evitar que se la destaque por los evidentes logros de la mayor central hidroeléctrica del país, aquella a la que el Gobierno Nacional acaba de hacer un mantenimiento integral y con su ingreso en operación a total capacidad, El Comercio destacó con un titular de “Coca Codo Sinclair ilumina nuevamente al Ecuador”, justamente el día en que generó 42% de la hidroelectricidad del país.
FIN
