Los recientes acontecimientos en Ecuador han puesto en el centro del debate nacional la confiabilidad del censo realizado durante el gobierno de Guillermo Lasso, a partir de irregularidades con implicación penal halladas en la fiscalización realizada por la Contraloría General del Estado sobre ese proceso.
Además, se han conocido revelaciones hechas por el ex ministro de Interior y ex asambleísta José Serrano Salgado, que han aumentado la llama de preocupación sobre este particular.
Irregularidades denunciadas en el censo
A través de la red social X, José Serrano ha afirmado rotundamente que el censo poblacional, que se llevó a cabo durante la administración Lasso, estuvo plagado de vicios y corrupción.
Según Serrano, estas irregularidades no solo afectan la validez de los datos obtenidos, sino que también sugieren manipulación y falsificación de información oficial.
Los puntos más críticos mencionados por Serrano incluyen:
- 1. Manipulación de datos y fallas de seguridad: Se reporta que se otorgó acceso no autorizado a actores externos, poniendo en riesgo la información personal de los ciudadanos. Esta vulneración de la base de datos podría haber permitido que terceros vendieran datos sensiblemente privados a organizaciones criminales.
- 2. Inflación de cifras poblacionales: Serrano menciona que se inflaron los datos de población en 759,103 personas. Además, se asignó autoidentificación étnica sin justificación técnica, alterando así las estadísticas para las comunidades afroecuatorianas e indígenas.
- 3. Corrupción en la compra de software: Se adquirió un programa del Banco Mundial que resultó ineficaz. Esto es particularmente preocupante, ya que generó conflictos de interés y permitió manipulación adicional de los datos.
- 4. Impacto en la democracia: Las decisiones basadas en datos fraudulentos pueden desviar recursos públicos y modificar la asignación de escaños legislativos, afectando áreas cruciales como salud y educación.
- 5. Falsificación de información oficial: Además, Serrano denunció que se alteraron datos tras el cierre del censo, lo que podría constituir delitos de falsificación según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Estas acusaciones plantean serios cuestionamientos sobre la integridad y la transparencia del proceso censal.
La Contraloría determinó resposabilidades penales
La Contraloría General del Estado ha remitido a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal y con recomendación de sanciones civiles y administrativas por más de 268 mil dólares, tras las auditorías efectuadas al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), relacionadas con el censo.
Sobre el censo, la institución contralora ha realizado una minuciosa evaluación sobre operaciones de comunicación, talento humano, contratación pública y sistemas informáticos.
Los hallazgos de la Contraloría en el proceso de fiscalización del censo incluyen planes de contratación sin sustento, incumplimiento de parámetros, ausencia de expedientes, personal técnico empleado en operaciones administrativas, entre otras.
Reacciones y consecuencias
Las afirmaciones de Serrano no son aisladas.
Byron Villacis, ex director del Inec), previamente había señalado la existencia de problemas en el proceso, indicando que la intermitencia en la realización del censo resultó en datos imprecisos.
Durante una entrevista con Radio Pichincha, Villacis destacó que estos errores comprometen la capacidad del país para desarrollar una planificación efectiva a largo plazo.
Las reacciones a estas denuncias no se han hecho esperar.
La exigencia de una investigación profunda y seria crece en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, ya que el futuro del país depende de decisiones bien fundamentadas que, en este contexto, están amenazadas por la posible manipulación de datos oficiales.
La importancia del censo en el desarrollo nacional
El censo es un proceso crucial que proporciona datos relevantes para la toma de decisiones en áreas como la economía, la educación y la salud.
Cuando los datos son manipulados o falsificados, las repercusiones pueden ser devastadoras.
La asignación de recursos públicos, la representación política y las estrategias de desarrollo pueden verse profundamente afectadas, poniendo en riesgo el bienestar de la población.
Un censo confiable no solo permite una mejor planificación, sino que también fortalece la democracia al garantizar que cada ciudadano y cada comunidad estén representados adecuadamente.
Por ello, cualquier sospecha de fraude debe ser tratada con la máxima seriedad.
Demanda de rigurosidad y transparencia
La situación actual exige un enfoque riguroso y transparente por parte de las autoridades competentes.
La justicia debe investigar a fondo las denuncias presentadas por Serrano y cualquier otra evidencia que surja.
Es fundamental que el proceso censal sea legitimado, no solo para restaurar la confianza del público, sino también para garantizar que las políticas futuras se basen en datos verídicos y no manipulados.
Esta denuncia por fraude en el censo realizado bajo el gobierno de Guillermo Lasso subraya la necesidad urgente de establecer mecanismos de transparencia y control en todos los procesos gubernamentales.
