Quito, Juristas y politólogos ecuatorianos rechazaron el martes la violación «continua y sistemática» de la Constitución, tras la decisión del presidente, Daniel Noboa, de no acogerse a una licencia sin sueldo para realizar campaña por su reelección, y en su lugar delegar funciones en una vicepresidenta designada por decreto ejecutivo, en vez de la elegida en las urnas, Verónica Abad.
«Expresamos nuestro rechazo y profunda preocupación por la continua y sistemática inobservancia de la Constitución y las leyes, actos que afectan al Estado de derecho, así como al orden constitucional y democrático de la República del Ecuador», señala un texto difundido en la red social X por el abogado André Benavides.
Respecto al presidente Noboa y la interpretación por parte del Gobierno del artículo 93 del Código de la Democracia, que rige los procesos electorales, los firmantes coincidieron en que debe ser de estricto cumplimiento que las autoridades que participan como candidatos soliciten licencia sin remuneración para hacer proselitismo.
«Es su obligación hacer uso de licencia durante la campaña electoral para garantizar la igualdad de condiciones en la participación política y el adecuado uso de los recursos públicos», señala el texto firmado por una treintena de profesionales del derecho y de las ciencias políticas.
Los signatarios consideraron inadmisible que tal obligación no aplique al Presidente o a ciertos asambleístas, y se rechaza el encargo de la Presidencia a la «vicepresidenta» Cynthia Gellibert, con el argumento de la ausencia de Abad, tras el presunto incumplimiento de una orden para que asuma como colaboradora en las relaciones comerciales entre Ecuador y Turquía.
«La Constitución determina que, en caso de ausencia temporal o falta definitiva del presidente de la República, corresponde a quien ocupa la Vicepresidencia reemplazarlo», precisa el texto.
Al respecto, señala que no se ha configurado ninguna ausencia temporal por parte de Abad y mucho menos el abandono del cargo, «que debe ser constatado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional».
En otro punto, detalla las competencias de los organismos públicos frente a este escenario, incluidos el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Corte Constitucional, los cuales deben dar tratamiento prioritario a esta grave crisis democrática, «de manera que sus acciones en defensa de la institucionalidad democrática tengan un efecto útil».
Los profesionales del Derecho y las Ciencias Sociales cuestionaron además las declaraciones del Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien rechazó la existencia de «desaparición forzada» en el caso de cuatro menores arrestados el pasado 8 de diciembre en Guayaquil (suroreste) y posteriormente asesinados a más de 40 kilómetros.
En su alocución, Loffredo envió un mensaje a la jueza Tanya Loor, quien declaró la «desaparición forzada», al señalar que buscarán una sanción en su contra porque su fallo ocasionó persecución política.
«En lugar de asumir su responsabilidad y cumplir con lo ordenado por la autoridad judicial, se ha utilizado una cadena nacional para intimidar a la jueza que determinó la existencia de la desaparición forzada», señala el documento.
Para los firmantes, es altamente preocupante que se haya planteado una investigación a la «narrativa» de los derechos humanos bajo el argumento de que estos se utilizaron como un arma de persecución política.
Con información de Agencia Sputnik
