Concebida bajo el modelo de máxima seguridad de Bukele, la nueva cárcel ecuatoriana es criticada por el abandono estatal, las enfermedades que provocan muertes de reos y el hermetismo estatal que deja a las familias en un limbo legal
La última vez que Verónica vio a su hijo fue el 16 de diciembre de 2025. Ella atendía el pequeño puesto de comida con el que sostiene a su familia —un fogón improvisado, unas mesas y sillas de plástico junto a la carretera que une Quinindé con Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador—. Desde temprano permaneció pendiente del paso del convoy militar que trasladaba a su hijo hacia la cárcel de máxima seguridad Encuentro, construida en medio de un bosque, a unos 450 kilómetros de su casa. “Fue como si Dios hubiera querido que nos viéramos, porque el carro se detuvo un momento”, recuerda.
Verónica alcanzó a distinguir durante unos segundos el rostro de su hijo, de 38 años, pegado al vidrio de la ventana. “Me miró y me hizo el gesto para que le echara la bendición. No pudo levantar las manos porque iba encadenado. Yo lo bendije y después mi hija y yo nos pusimos a llorar”. Aquella escena quedó fijada en su memoria como el peor día de su vida. Nunca volvió a saber de él.
Para los familiares de los reclusos, el nombre de la cárcel Encuentro se ha convertido en una palabra asociada al miedo. Inaugurada por el Gobierno de Daniel Noboa como emblema de su guerra contra el crimen organizado, la prisión fue concebida siguiendo el modelo de máxima seguridad que el presidente Nayib Bukele convirtió en símbolo de su política penitenciaria en El Salvador; incluso contó con la asesoría de parte del equipo que participó en la construcción del Cecot.
El centro penitenciario ecuatoriano está rodeado de denuncias por hambre, malos tratos, la existencia de un brote de tuberculosis y falta de atención médica. A ese temor se suma el hermetismo con el que las autoridades manejan la información sobre los internos. Las familias pasan semanas o meses sin noticias de sus parientes y, en ocasiones, solo conocen su situación cuando son trasladados a otra prisión o cuando reciben la noticia de su muerte.
Tres presos murieron en mayo en ese centro penitenciario. Dos de los fallecimientos fueron atribuidos a la tuberculosis y el último a una pancreatitis. “Nadie muere por una pancreatitis de un día para otro”, sostiene Ana Morales, portavoz del Comité de Familias por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles (Cofavid). “Si alguien fallece por esa causa, lo que hubo fue una falta de atención médica oportuna”.
La falta de información sobre quiénes son enviados a Encuentro también ha despertado cuestionamientos. La última persona fallecida en la prisión fue una mujer trans que no tenía sentencia ejecutoriada, según denunció la Asociación Silueta X. “Las reglas de Bangkok de la ONU son vinculantes para Ecuador. Una mujer trans recluida en máxima seguridad, sin sentencia firme y sin protocolo de género documentado, no era invisible, era responsabilidad del Estado”, señaló Zackary Elías, director adjunto de la organización, que exige una investigación bajo estándares interamericanos.
Gran parte de lo que se conoce sobre las condiciones dentro de Encuentro ha surgido de testimonios de presos trasladados a otras cárceles o de información filtrada por funcionarios penitenciarios. Una de estas filtraciones fue una fotografía que muestra el traslado de 11 de 35 internos diagnosticados con tuberculosis hacia la cárcel Regional de Guayaquil, según documentó Cofavid.
La fotografía fue captada durante un traslado nocturno. Bajo la luz de los reflectores, una fila de presos avanza lentamente en medio de la oscuridad. Son hombres reducidos a una extrema delgadez. Piel y huesos. Algunos apenas pueden sostenerse sobre sus piernas y buscan apoyo en los cuerpos igual de frágiles de quienes caminan a su lado. Uno de ellos necesita que lo sostengan por ambos brazos para mantenerse en pie. Otro parece incapaz de levantar la cabeza.
El Gobierno guardó silencio. Después de unos días, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en una entrevista al medio Visionarias, confirmó los traslados. “Cada persona privada de la libertad dentro de la cárcel del Encuentro está en su espacio, en su entorno, tienen las áreas que se necesitan, no existe ninguna epidemia dentro del sistema penitenciario”, dijo.
Abandono estatal y torturas
Las denuncias sobre Encuentro se producen en medio de una transformación silenciosa de la crisis carcelaria ecuatoriana. Una investigación de Tierra de Nadie y Connectas, dirigida por la periodista Karol Noroña, documentó que 2025 cerró con un récord de 1.220 muertes en prisión: más de tres al día, una cada siete horas.
A diferencia de los años de las masacres entre bandas, muchas de esas muertes fueron registradas por el Estado como “naturales” o de causa “indeterminada”. El hallazgo points a un cambio en la crisis penitenciaria: los presos ya no solo mueren por la violencia de las organizaciones criminales, sino también por enfermedades, abandono y falta de atención médica.
Las acusaciones también apuntan a presuntos malos tratos sistemáticos. Morales asegura que exinternos le han relatado castigos diarios y condiciones degradantes. “Las torturas son constantes. Hay un grupo seleccionado que es torturado a diario”, afirma. Entre las prácticas denunciadas menciona que los reclusos son despertados durante la madrugada y sometidos a agresiones físicas y psicológicas. “Te levantan a las tres de la mañana, te botan agua y te ponen una funda con gas. Ya ha habido infartados por ese tema”, asegura. La dirigente sostiene que incluso hubo presos que abandonaron la cárcel con secuelas permanentes. “Tenemos una persona que salió inválida por un garrotazo que le dieron en la columna”, agrega.
Los testimonios coinciden en describir un deterioro físico extremo que encaja con las fotografías que se han hecho públicas. “Hay dengue, paludismo, tuberculosis, desnutrición, deshidratación”, sostiene. Según Morales, la falta de agua es uno de los principales problemas del centro penitenciario. “Allá no hay agua. Te dan poquísima agua y esa agua es muy insalubre. Sale totalmente negra, tipo chocolate, y esa agua es la que ellos toman”, denuncia.
La disponibilidad de servicios básicos estaba en la lista de críticas y advertencias que recibió el proyecto cuando se anunció que se levantaría en medio de un bosque protegido que pertenece a una comunidad indígena ancestral. Las comunas aledañas al centro penitenciario han sufrido desde siempre la falta de agua potable. Los comuneros se abastecen mediante tanqueros que reparten el líquido y del río, el cual ha sido contaminado con las aguas servidas que se expulsan desde la cárcel.
Aislamiento y controles militares
El aislamiento es una de las características que distingue a Encuentro del resto de cárceles ecuatorianas. Un contingente de militares vigila y restringe el paso por el camino que unía a las comunas. Solo los habitantes que han demostrado que son de la zona tienen permitido pasar tras someterse a un control militar. Las familias no pueden acercarse al perímetro ni solicitar información sobre los internos. En esta cárcel, los reos no tienen derecho a visitas.
Una de las pocas excepciones es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, recluido allí desde febrero pese a no tener una sentencia condenatoria. Tras las denuncias de su familia y su defensa, las autoridades le autorizaron una videollamada semanal bajo supervisión de funcionarios penitenciarios. En casi cuatro meses de encierro, su entorno asegura que ha perdido más de 50 libras.
El Gobierno —que rechaza cualquier crisis carcelaria o brote de tuberculosis— justificó el drástico deterioro físico del alcalde tras asegurar que se debía a que “cuida su figura”, según dijo el ministro del Interior, John Reimberg. Luego esas declaraciones fueron matizadas: las autoridades afirmaron que se trata de una estrategia legal. “Como la defensa de Aquiles no ha logrado sacarlo de la cárcel, entonces ¿qué le dicen?: no comas. Y no quiere comer”, señaló Reimberg.
Una situación similar ha denunciado el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción y uno de los primeros presos en ser trasladados a la cárcel prometida para los cabecillas por terrorismo. Glas ha denunciado no recibir una alimentación adecuada y sufrir tortura sistemática.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, dice que los presos se han convertido en una población sacrificable para el Estado. “Se cometen graves violaciones de derechos humanos para justificar estas medidas de crueldad”, sostiene. A su juicio, la militarización del sistema penitenciario no ha logrado contener el avance de las economías criminales. “Se enfocan en esta población para cubrir la inacción del Estado en el combate a las economías criminales, como, por ejemplo, el lavado de activos”, afirma. “Es una deshumanización. Se exhibe la crueldad como si la crueldad fuese el antídoto contra el crimen organizado”.
