La propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro de «reconstruir la Gran Colombia» como un bloque de integración profunda nace en un momento de fractura del orden internacional, dominado por grandes potencias económicas que parecen estar cansadas de seguir las normas internacionales impuestas tras la Segunda Guerra Mundial, según analistas.
Por esto, la discusión sobre integración regional deja de ser una evocación histórica o un gesto ideológico para convertirse en un debate estratégico sobre supervivencia política, autonomía relativa y capacidad de negociación.
Enrique Prieto, doctor en Derecho de Birkbeck- University of London, máster en Derecho Internacional y docente de la Universidad del Rosario, afirma a la Agencia Sputnik que la iniciativa del presidente debe entenderse como una reacción a este cambio de paradigma.
«Aquí hay un nuevo orden global, una ruptura, y están los grandes poderes, específicamente China, Estados Unidos y Rusia», sostiene.
Desde esa premisa, la integración aparece como una respuesta a una debilidad compartida por otras naciones que no tienen la capacidad de hacerle frente.
«Solos somos muy débiles. Solos no podemos enfrentar ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia económicamente; no podemos plantear unas políticas que nos permitan, en este escenario internacional, generar balances que nos permitan reaccionar de una mejor forma. Solitos no lo hacemos, pero unidos de pronto sí lo podemos hacer mejor», resaltó.
La advertencia formulada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos refuerza ese diagnóstico desde otra latitud.
«O nos sentamos a la mesa o somos parte del menú», dijo al referirse a la posición de los llamados poderes medios en un mundo crecientemente fracturado.
La frase, dirigida a Europa, resuena con fuerza en América Latina, una región que negocia de manera fragmentada frente a actores que operan a escala continental y que imponen condiciones comerciales, financieras y tecnológicas con escaso margen de maniobra para los países aislados.
Es en ese marco donde Petro ha vuelto recurrente la idea de una «nueva Gran Colombia», no como una reunificación estatal, sino como una confederación de naciones soberanas – Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá – con instituciones comunes, libre movilidad de personas y coordinación económica.
«Esta es la Gran Colombia, era la idea de (libertador Simón) Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas», escribió en su momento el mandatario con un mapa de lo que fue la Gran Colombia en 1819.
El presidente ha propuesto llevar a cabo esta tarea a través de un voto constituyente para poder llegar a hacer la unificación en proceso gradual, basado en tratados, con legitimación democrática en cada país.
El diseño que ha esbozado incluye un parlamento regional, un tribunal supranacional, políticas energéticas compartidas y, en el largo plazo, incluso una moneda común de carácter virtual.
La Gran Colombia original (1819-1831) fue un experimento temprano de unidad política que colapsó por tensiones regionales, disputas de poder y diferencias sobre el diseño institucional.
Ese antecedente funciona como símbolo, pero también como advertencia pues si no existen las condiciones políticas en los países, como democracia y estabilidad institucional, no se puede hablar de integración regional.
Prieto subraya un requisito central para que la propuesta pueda ser real y es la capacidad de separar la integración de la coyuntura ideológica.
«Uno esencial es que podamos ser respetuosos de la diferencia, es decir, que haya gobiernos de izquierda y de derecha y podamos trabajar a partir de esas diferencias. Eso es lo que ha afectado mucho este tipo de iniciativas», explicó.
Ese obstáculo se vuelve más visible en el contexto regional actual, pues Venezuela atraviesa una etapa de alta incertidumbre tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026. Desde entonces, el país es gobernado por una administración encargada que negocia con Washington la venta de petróleo en un escenario marcado por presiones políticas y económicas.
Esa situación introduce un elemento de inestabilidad adicional a cualquier proyecto de integración que incluya a Caracas, más allá del respaldo retórico que el chavismo había expresado previamente a la idea de Petro.
Ecuador, por su parte, bajo el gobierno de Daniel Noboa, no ha manifestado apoyo a la propuesta.
La administración ecuatoriana ha optado por una agenda centrada en la seguridad interna y la estabilización económica, manteniendo distancia de proyectos supranacionales que impliquen cesión de soberanía o alineamientos geopolíticos complejos.
Además, las relaciones entre Quito y Bogotá son tensas tras la guerra arancelaria y energética iniciada por Noboa, al acusar al país de no querer colaborar en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Panamá, históricamente parte de la Gran Colombia, conserva una inserción estratégica propia, enfocada en la administración del canal y en sus alianzas tradicionales, sin señales de interés en un bloque político de este tipo.
Desde una mirada más cauta, Gabriel Cifuentes, analista internacional, abogado y codirector de Greystone Consulting Group, reconoce el peso simbólico de la iniciativa, pero advierte sobre sus límites prácticos.
«Evidentemente tiene un efecto simbólico, como parte del relato de las narrativas del presidente Gustavo Petro, invocando ese sueño bolivariano», indicó a la agencia.
A su juicio, el desafío no es recrear una unidad histórica, sino avanzar hacia formas de cooperación más concretas.
«Creo que la visión de la Gran Colombia va más allá, tiene un componente romántico y político, cuando lo que se debería pensar es en términos de una integración pragmática que ya existe en términos comerciales, pero que se debería profundizar en infraestructura, energía y comercio exterior», señaló.
La comparación con la Unión Europea, utilizada por Petro como referencia, introduce otra capa de análisis. La integración europea fue el resultado de décadas de acuerdos técnicos, cesiones graduales de soberanía y construcción institucional sostenida, incluso en contextos de crisis.
Trasladar ese modelo al norte de Sudamérica implicaría resolver profundas asimetrías económicas, diferencias regulatorias y déficits de confianza institucional, además de garantizar que las reglas comunes sobrevivan a los cambios de gobierno, según los analistas.
El debate no carece de fundamentos materiales, pues la integración energética, la coordinación frente al crimen transnacional, la gestión de flujos migratorios y el aumento del poder de negociación externa aparecen como áreas donde la acción conjunta podría ofrecer ventajas reales y para Prieto, ahí reside el núcleo de la discusión.
«Necesitamos una apuesta más económica, en temas de mercado y de energía, que nos permita reaccionar a esta nueva realidad mundial (…) Lo que existe no está funcionando y no responde a las nuevas necesidades», argumentó.
Más allá del nombre y del peso simbólico de la Gran Colombia, la propuesta de Petro coloca sobre la mesa una cuestión central para América Latina en el actual reordenamiento global: si los Estados de la región están dispuestos a asumir los costos políticos e institucionales de actuar en bloque, o si seguirán enfrentando de manera individual un sistema internacional cada vez más estructurado en torno a grandes potencias.
