Quito, El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste) convocó para este martes a su Mesa Técnica de Salud para analizar el incremento de casos de tuberculosis en la llamada Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, y solicitar al Gobierno un cerco epidemiológico para frenar la transmisión de la enfermedad.
«Este martes, a las 10:00 de la mañana (15:00 GMT) el COE cantonal citó a la mesa técnica de salud para que sus integrantes analicen el problema», confirmó el canal local Ecuavisa.
Según el reporte televisivo, de los 7.000 reos de ese penal, cerca de 1.000 estarían contagiados, por lo cual existen temores de que la enfermedad esté afectando también a la población de la ciudad.
Las autoridades municipales solicitaron al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y las Fuerzas Armadas exponer cuáles son los protocolos para evitar la sobrepoblación de infectados.
El ministro de Salud Pública de Ecuador, Edgar Lama, informó a través de la aplicación digital «Instagram», que algunos privados de libertad se niegan a tomar el tratamiento completo.
«Nadie puede obligar a los pacientes diagnosticados a seguir el tratamiento»; señaló.
A fines de enero pasado, el director del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador, Billy Navarrete, alertó sobre una posible epidemia de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral.
Navarrete alertó que en ese penal fue destruido el Policlínico y no existe un lugar donde las personas privadas de la libertad puedan ser atendidas.
Según dicho Comité de DDHH, los internos en ese Centro de Rehabilitación alegaron que el suministro de medicamentos para la tuberculosis no es sostenido para todos pacientes y las condiciones de habitabilidad y alimentación empeoran su enfermedad.
Reveló que la también llamada Penitenciaría del Litoral registra desde 2018 la mayor cantidad de homicidios en este tipo de instalaciones a nivel nacional, con 680 víctimas hasta 2023.
Esa instalación carcelaria, con capacidad para 5.000 reclusos, registró en 2021 la mayor masacre carcelaria de la historia del país, que dejó 119 muertos y más de 80 heridos.
En ese contexto, el organismo defensor de los derechos humanos recomendó al Gobierno la creación de un plan de emergencia penitenciario, la instauración de una supervisión independiente de las acciones militares en las cárceles y el fortalecimiento del SNAI, para garantizar una gestión más eficaz y respetuosa de los derechos humanos.
Con información de Agencia Sputnik
