El presidente Daniel Noboa dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias y tres cantones. La medida ya está vigente e incluye la suspensión de derechos constitucionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
Ecuador vuelve a un régimen de estado de excepción. El presidente Daniel Noboa firmó este 16 de junio de 2026 un nuevo decreto ejecutivo argumentando una situación de «grave conmoción interna» provocada por la violencia criminal y la presencia de grupos armados organizados en varias zonas del país.
La disposición tendrá una duración de 60 días y abarca diez provincias y tres cantones considerados estratégicos por las autoridades de seguridad. A diferencia de decretos anteriores, esta vez no contempla toque de queda, aunque sí incluye la suspensión de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
¿Cuándo entra en vigencia el estado de excepción?
El Decreto Ejecutivo entró en vigencia de forma inmediata desde su firma, este martes 16 de junio de 2026.
Esto significa que las medidas extraordinarias ya pueden ser aplicadas por las autoridades competentes en las jurisdicciones establecidas por el Gobierno.
Además, el decreto ordena la intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional para ejecutar operaciones de seguridad, control territorial y combate a estructuras criminales.
¿Qué provincias están bajo estado de excepción?
La medida rige en las siguientes provincias:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
- Azuay
También incluye los siguientes cantones:
- La Maná (Cotopaxi)
- Las Naves (Bolívar)
- La Troncal (Cañar)
Estas jurisdicciones han sido identificadas por las autoridades como zonas con altos índices de violencia vinculada al crimen organizado y economías ilegales.
¿Qué derechos se suspenden durante el estado de excepción?
El decreto establece la suspensión temporal de dos garantías constitucionales:
Inviolabilidad del domicilio
Esta medida permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos cuando existan indicios relacionados con grupos armados organizados, armas, explosivos, drogas u otros elementos vinculados con actividades criminales.
Según el Gobierno, la disposición busca agilizar las operaciones contra organizaciones delictivas que operan en las zonas intervenidas.
Inviolabilidad de la correspondencia
La suspensión de este derecho autoriza a las autoridades a identificar, recopilar y analizar información relacionada con investigaciones de seguridad y hechos que motivaron la declaratoria de excepción.
El objetivo es fortalecer los procesos de inteligencia para combatir estructuras criminales y prevenir actos violentos.
¿Por qué el Gobierno decretó una nueva emergencia?
El Ejecutivo argumenta que la decisión responde al deterioro de las condiciones de seguridad y a la persistencia de amenazas provenientes de grupos delictivos organizados que operan en distintas regiones del país.
La declaratoria de «grave conmoción interna» constituye una de las causales previstas en la Constitución para aplicar estados de excepción cuando el orden público enfrenta riesgos extraordinarios.
El Gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para recuperar el control territorial y proteger a la población frente a hechos de violencia que continúan afectando varias provincias.
¿Habrá toque de queda?
No.
A diferencia de otros estados de excepción emitidos en los últimos años, el nuevo decreto no contempla restricciones de movilidad ni horarios de toque de queda.
Las actividades económicas, educativas y comerciales podrán desarrollarse normalmente, salvo que nuevas disposiciones oficiales establezcan medidas complementarias durante la vigencia del decreto.
Seguridad y derechos: el debate que vuelve al centro de la discusión
La nueva declaratoria reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana y derechos constitucionales.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de otorgar mayores herramientas operativas a las fuerzas de seguridad para enfrentar al crimen organizado, organizaciones de derechos humanos y expertos constitucionalistas suelen advertir sobre la importancia de que estas medidas sean temporales, proporcionales y sujetas a control judicial.
Durante los próximos 60 días, las acciones implementadas bajo este régimen serán observadas de cerca tanto por las autoridades como por la ciudadanía.
Con información de – El Universo
