En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio del caso rebautizado como Sinohydro, antes conocido como INA Papers, un viraje que para muchos expertos jurídicos y comunicadores estratégicos representa una distorsión del objeto procesal y una carga simbólica que no corresponde a los hechos ni a los actores involucrados.
Desde 2019, el proceso ha atravesado dilaciones, recusaciones, cambios de fiscales y una serie de maniobras que han debilitado su legitimidad. El cambio de nombre —de un caso originalmente vinculado a documentos filtrados sobre presuntas irregularidades patrimoniales— a uno que involucra directamente a la empresa constructora de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ha sido cuestionado por defensas, académicos y analistas como una estrategia de desvío narrativo.
Una acusación sin claridad jurídica
La Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra 24 personas, entre ellas el ex presidente Lenín Moreno, familiares, empresarios y exfuncionarios ecuatorianos y chinos. Sin embargo, las defensas han señalado que:
- • No se verificó el destino final del dinero ni se estableció si provenía de fondos públicos.
- • Los supuestos pagos no configuran cohecho por sí solos, al no mediar función pública ni contraprestación institucional.
- • No se convocó legalmente a ciudadanos chinos mencionados como autores, lo que vulnera el debido proceso y genera un vacío de defensa internacional.
- • No se ha diferenciado con rigor jurídico entre cohecho activo y pasivo, ni se ha sustentado la participación dolosa de los acusados como autores, cómplices o encubridores.
El conjuez Olavo Hernández desestimó los pedidos de nulidad, pese a que las defensas presentaron más de una decena de argumentos procesales y constitucionales para invalidar el caso.
Coca Codo Sinclair: la obra que ilumina al país
Mientras el proceso judicial quiere veladamente afectar a Sinohydro al señalar a la empresa sin relación en el caso como símbolo de corrupción, expertos en energía, medios técnicos y académicos -y el país en general- recuerdan que Coca Codo Sinclair es la mayor central hidroeléctrica del país, con una capacidad instalada de 1.500 MW a la que ha llegado en los momentos en que el Ecuador lo ha requerido. Desde su entrada en operación en 2016, ha generado más del 40% de la hidroelectricidad nacional en momentos críticos.
Su diseño, ejecución y mantenimiento han sido reconocidos, y su aporte energético ha pagado con creces el costo de construcción desde 2016, cuando inició la operación. Sin embargo, esta dimensión estructural y estratégica trata de ser manchada en el proceso judicial, que parece más enfocado en construir culpabilidades que en esclarecer verdades.
¿Justicia o geopolítica?
El caso ha despertado inquietudes sobre posibles intereses geopolíticos, especialmente por la mención de exfuncionarios chinos que no han sido legalmente notificados ni convocados. La narrativa interesada que ha mantenido el caso desde sus orígenes parece más orientada a sancionar vínculos internacionales que a establecer responsabilidades penales con base en evidencia verificable.
En palabras de un académico consultado: “Este proceso nació muerto cuando se rebautizó sin razón. No hay claridad jurídica, no hay rigor investigativo, y se ha perdido el norte institucional. Coca Codo Sinclair no merece ser arrastrada por una narrativa que le es ajena.” Fin
