La justicia ecuatoriana dictó una sentencia histórica en el caso de la desaparición forzada de cuatro niños ocurrida en Guayaquil, al condenar a 11 de los 17 militares procesados a 34 años y ocho meses de prisión, tras establecer su responsabilidad penal en uno de los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos registrados en el país en los últimos años.
Otros cinco militares recibieron una condena reducida de 30 meses de prisión, luego de acogerse a la figura de cooperadores eficaces, mientras que uno de los procesados fue declarado inocente por el tribunal, al no encontrarse elementos suficientes para establecer su participación en los hechos.
De acuerdo con la investigación judicial, sustentada en documentos oficiales, testimonios, chats y un video incorporado como prueba, los cuatro menores —de entre 11 y 15 años— fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil. Posteriormente, fueron trasladados a una zona desolada de Taura, en el cantón Naranjal, donde fueron víctimas de golpes, insultos y una simulación de ejecución, antes de su desaparición.
La sentencia concluye que existió una privación ilegal de la libertad, ejecutada por agentes del Estado, y que las acciones cometidas encajan en el delito de desaparición forzada, considerado una violación grave a los derechos humanos y sancionado con las penas más altas previstas en la legislación ecuatoriana.
Este fallo marca un precedente judicial clave, no solo por la magnitud de las condenas, sino porque reafirma la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar crímenes cometidos desde estructuras de poder, especialmente cuando las víctimas son niños y adolescentes. El caso se convierte así en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las familias afectadas. Fin
