Quito, El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y alrededor de 40 organizaciones sociales en Ecuador denunciaron el martes una persecución política contra la jueza Tanya Loor, quien declaró el pasado 24 de diciembre la desaparición forzada de los cuatro menores asesinados en el suroeste del país, tras ser apresados por una patrulla militar en Guayaquil (suroeste), el 8 de diciembre.
«Rechazamos la persecución política contra la jueza constitucional que emitió la sentencia de hábeas corpus en el caso de desaparición forzada de los cuatro niños de (sector) Las Malvinas. Este hecho transgrede gravemente el Estado de Derechos y el principio de independencia judicial», sentenció el comité en un comunicado difundido en la red social X.
En el texto también calificaron de «falsas» las disculpas públicas ofrecidas el lunes en cadena nacional por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, hacia las familias de Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes fueron vistos por última vez con vida en las cercanías de la base militar de Taura, a más de 40 kilómetros de donde fueron apresados.
«Rechazamos las falsas disculpas del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que intentan burlar la justicia constitucional y denigrar el acceso a la justicia de las familias de los cuatro niños de las Malvinas, víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial a manos del Estado», detalla el comunicado.
Las organizaciones recordaron que la jueza constitucional Loor, sustanciadora de la acción de hábeas corpus, verificó en la audiencia que los miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron la detención de los cuatro menores, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre e identificados el 31 de diciembre.
Además, denunciaron que los uniformados no respetaron los procedimientos establecidos en la ley para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto de detención.
«Lo ocurrido con los cuatro menores de Guayaquil es lo que ha venido ocurriendo con jóvenes de barrios populares. Este caso incluye la desaparición forzada y luego la ejecución de los chicos. Sentimos las declaraciones del ministro Loffredo, es un discurso solitario, no está soportado en un documento. Él tenía que obedecer lo que la jueza», dijo a la prensa local el martes el director ejecutivo del comité, Billy Navarrete.
Loffredo anunció que cumplió con la orden de la jueza, pero añadió que llegarán «hasta las últimas consecuencias» para que se sancione su actuación debido a que ha dado paso a una persecución política.
Además, negó la responsabilidad directa o indirecta de las Fuerzas Armadas en «algún caso de desaparición forzada».
Con información de Agencia Sputnik
