La abogada penalista María Paulina Araujo advierte graves errores técnicos en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que afectan al COIP y al Código de la Función Judicial.
La reconocida abogada penalista y docente investigadora, María Paulina Araujo, ha emitido un análisis crítico sobre la reciente Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que introduce reformas sustanciales al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Araujo alerta sobre la falta de claridad y rigurosidad técnica en una ley penal, cuyo contenido debe ser inequívoco y preciso, dada su aplicación literal según el Art. 13 del COIP.
Uno de los puntos más cuestionados es la figura del indulto anticipado o con efecto diferido. Araujo destaca inconsistencias conceptuales y procedimentales, como la contradicción entre etapas del proceso penal y la aplicabilidad real de la medida, lo que generaría inseguridad jurídica.
También critica la incorporación del delito de «favorecimiento de servidores públicos» en temas hidrocarburíferos, señalando que su redacción es incompleta y ambigua, lo que impide identificar con claridad la conducta prohibida.
Araujo además menciona errores gramaticales y conceptuales en varios artículos, como el 474.5, que debilitan la técnica legislativa, y cuestiona la confusión entre bienes jurídicos y delitos en la reforma al COFJ. Recalca que establecer competencias judiciales sobre “circunstancias complementarias” desde el Consejo de la Judicatura rompe el principio de legalidad penal, función exclusiva de la Asamblea Nacional.
La experta concluye que la ley, tal como está, abre la puerta a interpretaciones múltiples, posibles abusos judiciales y hasta beneficios para personas involucradas en actividades delictivas. Insiste en que el trabajo legislativo requiere mayor prolijidad y responsabilidad, tanto del Parlamento como del Presidente, como co-legislador.
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