Durante los últimos años, el debate energético en Ecuador ha quedado atrapado en una narrativa simplificada: la idea de que el país sufre por “depender demasiado” de la hidroelectricidad. Esta lectura, recurrente en momentos de estiaje o crisis operativa, termina ocultando una verdad estructural más profunda: la hidrología es uno de los mayores activos estratégicos del Ecuador en términos energéticos, económicos y ambientales.
Se ha dicho, incluso, que Ecuador depende de San Pedro para las lluvias y de San Petro para la venta de energía desde Colombia. La frase ingeniosa presenta al sistema eléctrico como rehén del clima y de la política externa, cuando en realidad el país cuenta con una de las mayores ventajas comparativas de la región: una geografía privilegiada y una abundancia de recursos hídricos que han permitido construir una matriz eléctrica mayoritariamente limpia.
Confundir vulnerabilidad operativa con error estructural ha llevado a diagnósticos equivocados. El problema no es la hidrodependencia, sino la falta de planificación integral, mantenimiento oportuno y gestión eficiente del sistema, especialmente en los componentes de respaldo. La crisis no nace del agua, sino de las decisiones —o indecisiones— que han acompañado su gestión.
Ecuador está atravesado por la cordillera de los Andes, posee altos niveles de pluviosidad y cuencas con pendientes naturales excepcionales. Gracias a ello, cerca del 90% de su matriz energética proviene de fuentes hidroeléctricas, una proporción poco común incluso a escala internacional. Mientras otros países dependen de combustibles importados o de tecnologías costosas para garantizar su suministro, Ecuador cuenta con un recurso abundante, renovable y propio.
Coca Codo Sinclair es una muestra concreta de este aporte estructural. Ha operado de manera continua durante casi una década, entregando energía firme al Sistema Nacional Interconectado. Junto con proyectos como Sopladora y Minas San Francisco, permitió que el país alcance más de 6.800 MW de capacidad instalada, reduciendo la necesidad de generación térmica, las importaciones de energía y el consumo de combustibles fósiles.
Este tipo de infraestructura se evalúa por su capacidad de generar energía durante décadas, con costos operativos relativamente bajos y sin emisiones directas de carbono. Además, las hidroeléctricas presentan factores de planta elevados, es decir, una mayor generación efectiva frente a su capacidad instalada, en comparación con otras fuentes renovables intermitentes como la solar o la eólica. La generación térmica, por su parte, implica altos costos variables y una dependencia estructural de combustibles importados.
Los datos técnicos refuerzan esta realidad. Ecuador dispone de aproximadamente 361.747 hectómetros cúbicos anuales de recursos hídricos superficiales, lo que lo convierte en uno de los países con mayor densidad de agua en la región. El potencial hidroeléctrico estimado supera los 20.000 MW, lo que implica que más del 60% de ese potencial aún no ha sido aprovechado.
Paradójicamente, la fragilidad del sistema no proviene del exceso de hidroelectricidad, sino de un parque térmico vetusto y mal mantenido, incapaz de responder adecuadamente durante los periodos de estiaje. Incluso, de haberse ejecutado de forma sostenida el Plan Maestro de Electrificación —que preveía incorporar nuevos megavatios en función del crecimiento de la demanda— el país no estaría estructuralmente al borde del déficit ni condicionado a la coyuntura climática.
Defender el desarrollo hidroeléctrico no implica oponerse a la diversificación energética. Por el contrario, una matriz robusta se construye sobre la complementariedad, no sobre la sustitución forzada. Ecuador puede avanzar en solar, eólica y almacenamiento, pero sin debilitar el núcleo hidroeléctrico que constituye su mayor fortaleza. Porque, bien gestionada, la hidrología no es la causa de la crisis: es la base de la seguridad energética del Ecuador. Fin
