El reciente caso de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, ha vuelto a conmocionar al mundo con una nueva fase que involucra directamente a Ecuador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la tramitación de la Petición P-2351-19, en la que se acusa a Ecuador de haber violado los derechos de Assange al permitir su expulsión de la embajada ecuatoriana en Londres y su posterior arresto por parte de las autoridades británicas en abril de 2019.
Este suceso, según la demanda presentada por sus abogados Baltasar Garzón, Aitor Martínez y Carlos Poveda, habría sido resultado de un acuerdo secreto entre el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno, el Reino Unido y Estados Unidos.
Imagen: Plataforma «Va por ti Ecuador»
El caso que ha comenzado su tramitación en agosto de 2024, exige que Ecuador responda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El país tiene hasta el 01 de diciembre de 2024 para presentar sus argumentos y justificaciones ante la CIDH sobre la forma en que se manejó la situación, la cual ha sido catalogada como una violación flagrante de los derechos de asilo de Assange y un ataque a la libertad de prensa.
A pesar de que en 2019 el gobierno de Moreno negó cualquier plan para expulsar a Assange de la embajada, documentos revelados posteriormente y las confesiones de altos funcionarios como Mike Pompeo y Alan Duncan, exsecretario de Estado de EE.UU. y exministro británico de Relaciones Exteriores, demuestran que Ecuador habría coordinado secretamente la entrega de Assange a las autoridades británicas. Esta decisión desencadenó la persecución política que llevó al Consejo de Europa a reconocer a Assange como un «preso político».
El gobierno de Moreno, en su momento, emitió un comunicado en el que garantizaba que el asilo de Assange no sería revocado sin cumplir con los procedimientos legales, pero solo meses después de estas declaraciones, permitió la entrada de la policía británica en la embajada, violando los acuerdos internacionales de protección de asilo.
La decisión de la CIDH de abrir este caso podría sentar un precedente internacional en materia de protección a periodistas perseguidos y en la obligación de los Estados de respetar el derecho al asilo político. Ecuador ahora tiene la oportunidad de defenderse y explicar los motivos detrás de la controvertida decisión que ha causado repercusiones globales.
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