Quito, Gremios petroleros de Ecuador criticaron el jueves al Gobierno por falta de «respuestas claras» respecto al derrame registrado en la provincia de Esmeraldas (noroeste) y le instaron a aclarar la cantidad de barriles de crudo vertidos tras la rotura de una tubería del principal oleoducto del país.
«El Gobierno, a estas alturas, debería, por lo menos, dar una cifra oficial del volumen del derrame», señalaron en un comunicado la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep), difundido en la red social X.
Según reclamaron, a casi una semana del derrame, el Gobierno nacional todavía sigue sin esclarecer las circunstancias de la rotura y sin asumir su responsabilidad.
Los sindicalistas rechazaron las declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, referidas a que un presunto sabotaje habría ocasionado la rotura de la tubería el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, operado por la estatal Petroecuador, «como si esto fuera un problema electoral más».
Manzano señaló que existe un informe técnico que apunta a que esta rotura pudo ser provocada y que, además, tuvo lugar en un área donde el SOTE estaba sobre la superficie.
La avería tuvo lugar el pasado 13 de marzo y fue atribuida, incluso por la misma ministra, a un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias invernales.
Los gremios recordaron que desde hace meses han denunciado una política de «autosabotaje» a la empresa pública petrolera, igual que en el sector eléctrico.
Antep exigió al Gobierno aclarar la gestión de la empresa estatal Petroecuador, principalmente con el nombramiento de altos cargos, lo cual es una responsabilidad del Ejecutivo.
Además, llamaron al presidente Daniel Noboa y a la ministra Manzano a dejar de lado la campaña electoral, previo a las votaciones del próximo 13 de abril, donde el presidente buscará la reelección, y los instaron a resolver la situación derivada de la emergencia ambiental.
Hasta la fecha se reportan más de 500.000 personas sin servicio de agua potable, además de daños a los ecosistemas, sin embargo, no se contabilizan aún los barriles de petróleo vertidos en los ríos.
Informes preliminares apuntan que al menos dos caudales, el Viche y el Caple, han sido declarados biológicamente «muertos» ante la ausencia de vida por el vertimiento del crudo, mientras existen más de 100 especies afectadas.
Con información de Agencia Sputnik
